Siete puntos cuestionables del informe presidencial de Mario Abdo

El jefe de Estado presentó su informe en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional. En el marco de una presentación virtual desde el Palacio de Gobierno, el mandatario hizo el balance de la situación general del país, las gestiones realizadas por su administración y los planes de gobierno.

#LaPrecisa es la sección de fact-check de El Surtidor, que verificó el discurso presidencial en vivo. A partir de siete puntos cuestionables del informe de Mario Abdo, se pudo verificar que el presidente dijo medias verdades, en otros casos mintió y en otros exageró en sus afirmaciones.   

Punto 1: Inversión en educación durante la pandemia

En #LaPrecisa, se concluyó que esta afirmación es exagerada. Las cifras oficiales indican que no llegaron a 100 escuelas reparadas por el Ejecutivo.

Los datos oficiales disponibles, en 2020 solo se repararon 94 aulas para la vuelta a clases presenciales en modo covid. En febrero, el hoy ex ministro de educación Eduardo Petta había dicho a ABC Color que otras 272 instituciones serían mejoradas para «junio y agosto».

La misma fuente cita que 1.200 escuelas fueron mejoradas en 2020 por parte de «gobernaciones e intendencias». Por eso, esas mejoras no pueden atribuirse al Ejecutivo.

Punto 2: Alimentación escolar en tiempos de Covid-19

El equipo periodístico concluyó que es discutible afirmar que durante la pandemia el gobierno «dio continuidad» al plan de alimentación a escuelas a través de los kits en Asunción. Existen documentadas denuncias de faltantes en la distribución desde 2020.

Mario Abdo arrogó como logro del Ejecutivo que «en el marco de la pandemia del Covid-19 se da continuidad al Programa de Alimentación Escolar a través de la distribución de kits de alimentos no perecederos a instituciones educativas de gestión oficial y privada subvencionada de Capital.»

Si bien es cierto que el programa de alimentación – más conocido como almuerzo escolar– se convirtió en kits escolares en 2020, esto fue luego de exigencias de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES). Además, su distribución posterior estuvo plagada de denuncias de faltantes que el entonces ministro Eduardo Petta no respondió, como reportamos en marzo de 2020.

Punto 3: Atención sanitaria a enfermos de Covid-19

La ampliación de contratos con sanatorios privados no tiene fondos asegurados. En su informe al Congreso, el presidente Abdo anunció la ampliación de contratos con sanatorios privados para atención a pacientes con covid-19, pero los recursos no están asegurados. Se necesitan al menos 20 millones de dólares al mes para dar cobertura a los gastos sanitarios.

Según el ministro de Salud, Julio Borba, hasta el 23 de junio el Ministerio de Salud tenía un déficit de 221.000 millones de guaraníes para cubrir la demanda de hospitalizaciones de pacientes covid-19 que son derivados a sanatorios privados. Esto supera ampliamente la cobertura de 96.000 millones prevista. Mientras que el déficit para cubrir la ley Gasto Cero hasta esa fecha alcanzaba los Gs. 153.000 millones.

Borba estimó que para los próximos meses se necesitan 20 millones de dólares al mes para cubrir los gastos sanitarios, lo que equivale a 120 millones de dólares hasta diciembre. Por su parte, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, refirió que en total se requieren USD 400 millones para Salud, un monto que no tiene financiamiento asegurado.

A comienzos de septiembre de 2020, el ministerio firmó convenios con sanatorios privados para derivar pacientes covid-19 que requieran terapia intensiva cuando no haya disponibilidad de UTI en los hospitales públicos. Este convenio implica que el ministerio pagará Gs. 5 millones por cama convencional y 13 millones por cama de terapia intensiva por día y por paciente. Hasta la fecha son 19 los sanatorios con convenios vigentes.

Punto 4: Paraguay y el acceso a las vacunas anti-Covid

#LaPrecisa concluyó: Es discutible que la oferta de Covax fue inferior a lo comprometido. Desde septiembre de 2020, Covax advirtió que la distribución de las vacunas anti-covid dependía de al menos siete condiciones, como los tiempos de producción y delivery.

Con base en los acuerdos firmados, el calendario preliminar de suministro para nuestra región estimaba inicialmente una disponibilidad de 20 millones de vacunas para marzo de 2021. Pero no se llegó a ese objetivo.

¿Se retrasó Covax? Sí, la OPS reconoció el 27 de marzo de 2021 que hubo retrasos imprevistos en los plazos de suministro acordados originalmente con los fabricantes de vacunas. Requirieron más tiempo para adaptar sus cadenas de suministro y procesos, lo que terminó afectando las entregas previamente proyectadas. La Alianza Gavi había advertido que esto podía ocurrir.

La distribución de las vacunas estaba supeditada a siete puntos que la Alianza de Vacunas Gavi estipuló en sus documentos públicos desde septiembre de 2020, a saber: Contratos, Desgaste del candidato, Aprobación regulatoria, Manufactura, Delivery, Disponibilidad de financiamiento, Financiación.

Paraguay se jugó por el mecanismo Covax que, además, ya era sabido que no iba a alcanzar para inmunizar al 70% de la población.

Aunque Covax hubiera cumplido con su itinerario y volúmenes de distribución a rajatabla, la realidad es que el país seguiría muy por debajo de la inmunización que otros gobiernos más previsores de la región.

Punto 5: La gestión del Gobierno para conseguir vacunas

Se calificó esta afirmación como falsa. Los acuerdos bilaterales con las farmacéuticas y la recepción de vacunas donadas recién llegaron los primeros meses del 2021.

El mecanismo Covax, un fondo que se ocupa de garantizar el acceso a las dosis a países con menos recursos, fue el «plan de back-up» de muchos países, pero el principal de Paraguay. Mientras que otros países invertían en las vacunas en su fase de investigación para garantizar acceso a dosis, el gobierno paraguayo no gestionó vacunas por fuera de Covax.

Una fuente del Ministerio de Salud explicó a La Precisa que «no había suficiente evidencia» para invertir en la Sputnik V en diciembre (una vacuna con 92% de eficacia). Sin embargo, países como Argentina reconocieron los avances de la vacuna rusa y lograron firmar acuerdos bilaterales a tiempo. «Esperando que salgan las certezas de las vacunas, se vendieron todas», expresó la fuente.

¿Qué hizo Paraguay? El año pasado, el gobierno abonó el adelanto para cubrir un 30% de la población (con 4.279.800 dosis), 10% más de la meta general de Covax para cada país miembro en 2021. Pero nuestro país recién recibiría el 10% adicional una vez que Covax haya cumplido con su meta de primera fase.

Ya desde un inicio, los impulsores del mecanismo anticiparon que las vacunas no estarían disponibles inmediatamente. Los gobiernos que apostaron a Covax no pueden alegar desconocimiento al respecto.

Al tiempo que Covax anunció que las cantidades serían insuficientes para la Fase 1, determinaron que las dosis se asignarían en rondas que cubrirían, de ser posible, el 3% de la población, o bien la que fuese posible según disponibilidad, como finalmente resultó.

José Magno Soler, abogado y sociólogo con Maestría en Ciencias Sociales, quien expresó: «Sí, yo le escuchaba al Ministro Mazzoleni hablar permanentemente de que negociaban con el mecanismo Covax, nunca habló de otras negociaciones bilaterales. Y, cuando estuvimos desesperados para negociar, lo que tuvimos fueron donaciones de países con los que normalmente no tenemos vínculos y relaciones internacionales».

Punto 6: El Fondo Verde para el Clima y la venta de carbono

Mario Abdo miente cuando dice que recibimos 50 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima «debido a la venta de carbono» No es cierto que recibimos 50 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima «debido a la venta de carbono»

Según el informe presidencial, «se lograron USD 50.000.000 otorgados por el Fondo Verde para el Clima (FVC) a la República del Paraguay para el Proyecto “Pago por Resultados de Emisiones REDD+ por el periodo 2015-2017”, debido a la venta de carbono». Aunque el monto y el pago es correcto –corresponde a una partida total de 72,5 millones de dólares– el Estado paraguayo admitió que no pudo demostrar con datos que políticas climáticas relacionadas a REDD+ (Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación forestal) como planes de apoyo a reforestación, controles ambientales o servicios ambientales tuvieron que ver con la reducción de emisiones y deforestación entre 2015-2017. Así puede leerse en la página 22 del propio informe oficial del Estado paraguayo al Fondo Verde del Clima (FVC) al respecto. El informe dice que «no ha sido posible identificar con certeza la causa de esta tendencia».

En un informe de la organización BASE-IS publicado en mayo de 2021 por los investigadores Guillermo Achucarro y William Costa, ambos académicos señalan que «la afirmación de que las reducciones que se observaron durante 2015 -2017 son producto de acciones concretas del Estado paraguayo, es muy difícil de sostener. Los documentos que se presentaron al FVC como evidencia, no vinculan de forma satisfactoria la disminución de emisiones a acciones del Estado».

En el informe, Achucarro y Costa desgranan objeciones a las políticas climáticas citadas por el Estado paraguayo como «posibles razones» de la reducción de emisiones y deforestación. Por un lado, «el mismo documento sí identifica como potencial causa de este aumento, la implementación en setiembre 2017 del Decreto 7702/17 del gobierno del entonces presidente Cartes».

Esta ley, antes de ser derogada con un decreto por el gobierno de Abdo Benítez en el 2018, permitía la deforestación en reservas boscosas. La documentación presentada al FVC en el marco de REDD+ no proporciona datos sobre cómo este decreto efímero impactó el nivel de emisiones por deforestación. Además, este decreto se ratificó en septiembre de 2017, pocos meses antes del fin del periodo de pruebas. «Por lo tanto, es improbable que haya producido un impacto tan notable en los resultados de 2016-2017», dicen Achucarro y Costa.

Otra política pública citada como posible causa de la reducción, la Ley Deforestación Cero, adolece de graves problemas de aplicación con el persistente desmonte en reservas privadas como San Rafael –reportadas por el periodista Aldo Benitez para Mongabay y La Nación en abril de 2021– y para cultivos como la soja, como documentan nuevos datos del Informe TRASE en junio de 2021. De hecho, las emisiones de gases de efecto invernadero en la Región Oriental aumentaron entre 2016 y 2017.

La tercera política conocida como la venta de servicios ambientales o «venta de bonos de carbono» consiste básicamente en el pago de una empresa o propiedad a otra para que la segunda mantenga sus reservas boscosas como mitigación del impacto ambiental relacionado a la empresa pagadora. Otra forma es el pago directo del Estado a propietarios como modo de incentivar a que mantengan las reservas en sus propiedades. La lógica que la sustenta es que el bosque en pie valga más que el bosque talado.

Pero el rol de esta ley en los resultados REDD+ también es difícil de confirmar. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) –la institución que debe gestionar el cumplimiento de la ley– aún no publica resultados sobre el impacto de la iniciativa. «Por lo tanto, es imposible saber de qué forma se ha contribuido a la reducción de la deforestación –y de las emisiones producidas por ella– en Paraguay», dicen Achucarro y Costa.

El mismo MADES reconoce que esta falta de transparencia es un problema grave. «La capacidad de la institución de garantizar el cumplimiento de esta ley, visiblemente se ve afectada por la falta de mecanismos claros para medir su impacto», según el Informe de BASE -IS.

La incapacidad reconocida por el Estado paraguayo de vincular sus políticas climáticas en la reducción de emisiones –incluyendo la venta de bonos de carbono– por la cual recibió millones de dólares del Fondo Verde para el Clima contradice la afirmación del informe presidencial.

Punto 7: Sobre la donación de vacunas contra la Covid-19

Es cierto que se cerraron donaciones por 1.484.600 dosis pero hasta el momento recibimos menos de 500.000. De momento, Paraguay recibió 484.600 dosis de vacunas donadas.

En total, hasta el 1 de julio se recibieron 484.600 dosis. Recién el 28 de junio el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social anunció que Estados Unidos donaría un millón de vacunas Pfizer a Paraguay. Pero todavía no llegaron.

A continuación las donaciones por tipo de vacuna y país:

AstraZeneca

Total: 162.000 dosis.

150.000 dosis donadas por el gobierno de México.

12.000 dosis donadas por el gobierno de Uruguay.

Coronavac

Total: 20.000 dosis.

Donación del gobierno de Chile.

Covaxin

Total: 200.000

Donación del gobierno de la India.

Sinopharm

Total: 3.000

Donación de Emiratos Árabes Unidos.

Moderna

Total: 99.600

Donación del gobierno de Qatar.