El Senado paraguayo ha dado luz verde a una ley antinepotismo que ha generado controversia por su limitado alcance. Ignorando el clamor de más de 61,000 ciudadanos que respaldaron la iniciativa popular “Chau Nepotismo”, la bancada cartista optó por una versión descafeinada que excluye medidas contra el nepotismo cruzado y omite la posibilidad de juicios políticos. La nueva ley despoja de sanciones penales y mecanismos reales de rendición de cuentas. Críticos argumentan que esta legislación, aprobada en respuesta al escándalo de los “nepobabies”, podría ser insuficiente para abordar el arraigado problema del nepotismo en las instituciones del Estado paraguayo.
La Cámara Alta aprobó una nueva ley antinepotismo en medio de controversias sobre su efectividad y el proceso de su aprobación. La medida, que surge como respuesta a recientes escándalos de “nepobabies” en el Congreso, ha generado debate entre los legisladores y la sociedad civil.
La versión de la ley sancionada por la Cámara de Senadores en sesión extraordinaria incluye los siguientes puntos:
- Modifica artículos de la Ley 5295/2014
- Define el nepotismo como el uso de atribuciones o facultades para nombrar o contratar, eliminando la palabra “influencias” de la definición anterior
- Limita el alcance de la prohibición a contrataciones “dentro del ámbito de su competencia” del funcionario
Sin embargo, la ley ha sido objeto de críticas por lo que algunos consideran omisiones significativas. En primer lugar, la legislación no establece sanciones penales para quienes incurran en prácticas de nepotismo, lo que según los críticos podría limitar su efecto disuasorio.
Otro aspecto ausente en la ley es la falta de medidas contra el llamado “nepotismo cruzado”, una práctica en la que funcionarios acuerdan contratar a familiares de otros funcionarios en lugar de a los suyos propios, eludiendo así las prohibiciones directas de nepotismo. Esta omisión ha sido señalada como una posible laguna que podría ser explotada para mantener prácticas nepotistas de manera indirecta.
Además, la ley no contempla la posibilidad de iniciar juicios políticos o procedimientos de pérdida de investidura contra los funcionarios que incurran en nepotismo. Esta ausencia de consecuencias políticas severas ha sido criticada por quienes argumentan que podría reducir la responsabilidad de los funcionarios electos en casos de nepotismo comprobado.
Estas limitaciones en el alcance de la ley han llevado a algunos legisladores de la oposición a cuestionar su efectividad real en la lucha contra el nepotismo en las instituciones del Estado paraguayo.
La aprobación de esta ley ha generado controversia debido a que no incorpora elementos clave de la iniciativa popular “Chau nepotismo”, que contaba con el respaldo de aproximadamente 61,000 firmas digitales.
El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), presidente del Congreso Nacional, criticó duramente la iniciativa popular, calificándola de “estafa popular” y sugiriendo que estaba motivada políticamente.
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Por otro lado, varios legisladores defendieron la importancia de la participación ciudadana. El senador José Oviedo (PCN) expresó preocupación por la efectividad de la ley: “Si aprobamos así como está la ley de Diputados, va a ser para no hacer nada”.
Varios senadores, incluyendo Rafael Filizzola (PDP), Yolanda Paredes (PCN), Éver Villaba (PLRA) y Esperanza Martínez (FG), han expresado su desacuerdo con la descalificación de la iniciativa popular y han defendido el derecho de los ciudadanos a participar en el proceso legislativo.
La hija del vicepresidente Pedro Alliana ingresó en septiembre de 2023 al Ministerio de Justicia y rápidamente fue trasladada al Congreso Nacional para ocupar un puesto de coordinación. Su salario pasó de G. 6 millones a más de G. 18 millones.
Críticos de la ley argumentan que no aborda adecuadamente el problema del nepotismo en el gobierno, señalando casos recientes como el de Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana, quien ocupa un puesto en el Congreso Nacional con un salario reportado cercano a los 20 millones de guaraníes.
Hasta la fecha, solo dos diputados de la oposición han sido imputados por casos relacionados con nepotismo, mientras que numerosas denuncias contra oficialistas no han prosperado, según informan fuentes críticas con el proceso.
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