La Fiscalía ha imputado a la diputada liberal cartista por Alto Paraná, Roya Torres, y a su hijo de 18 años, quien percibe un cuestionado salario de G. 10 millones sin funciones definidas, por presunto cobro indebido de honorarios. Este caso destapa una red más amplia de nepotismo y malversación en el Congreso Nacional, incluyendo también a otros legisladores y sus familiares directos, lo que subraya preocupantes problemas de ética y transparencia en la administración de los fondos públicos.
El Ministerio Público ha formulado imputaciones contra varios legisladores y sus familiares en un caso que destaca prácticas de nepotismo y presunto cobro indebido de honorarios en el Congreso Nacional.
Entre los principales implicados se encuentran la diputada Roya Torres y su hijo, Elías Godoy Torres, de 18 años, quien fue contratado como asesor de su madre con un salario de G. 9.500.000 mensuales, a pesar de solo poseer un título de bachiller.
Elías fue señalado por ausentarse de su puesto en el Congreso durante varios días en diciembre, siendo visto posteriormente en funciones aparentes en la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén) en Ciudad del Este y en la Municipalidad de Presidente Franco, donde su padre, Roque Godoy, ejerce como intendente.
A pesar de las declaraciones de la diputada Roya Torres sobre la inminente renuncia de su hijo a su cargo, él continúa ejerciendo su función, aferrándose a un lucrativo salario de casi G. 10 millones.
La Dibén cerró temporalmente su oficina de CDE tras el escandaloso montaje con el hijo de la diputada Roya Torres, Elías Godoy.
Similarmente, el diputado Cleto Giménez y sus hijas, Johana Denisse y Danna Maricela, enfrentan acusaciones bajo las mismas circunstancias, con salarios de G. 3.300.000 y G. 7.700.000, respectivamente. Los registros indican que ninguno de los hijos de los diputados mencionados ha cumplido con sus responsabilidades laborales en el Congreso.
Las imputaciones fueron realizadas por los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes también están manejando otros casos de denuncias similares en el entorno legislativo.
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En contraste, los mismos fiscales solicitaron desestimar la denuncia contra Montserrat Alliana Encina, hija del vicepresidente de la República, quien recibe un salario de G. 18 millones.
Esta decisión sigue a la presentación inicial de la denuncia por la abogada Teresa Flecha contra el entonces presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar, y otros legisladores que empleaban familiares en el Congreso, como parte de una ampliación que incluía a Raúl Latorre, actual presidente de Diputados.
Este caso resalta la problemática del nepotismo y la gestión de recursos públicos en las esferas políticas de Paraguay, desafiando la integridad de las instituciones gubernamentales y la confianza pública.