La Cámara de Senadores aprobó en general un proyecto de ley contra la violencia política hacia las mujeres. El documento será estudiado en particular este jueves en el Senado. Si bien la Ley Nro. 5.777/16 de “Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia” reconoce y define la violencia política, no especifica sus manifestaciones, sanciones ni responsabilidades institucionales frente a la misma.
El Ministerio de la Mujer fundamenta que “se hace necesaria una ley específica que asegure mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de estos hechos, con responsabilidades concretas a partidos políticos, a la Justicia Electoral, el Ministerio de la Mujer y otros actores públicos y sociales, como los medios de comunicación, fundamentales en el tratamiento adecuado de esta problemática, con decisiones y sanciones claras, aplicables en el ámbito principalmente administrativo y electoral”.
Durante el conversatorio realizado este miércoles de modo virtual, transmitido a través de la página de Facebook del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas de la UNE, la senadora Esperanza Martínez, una de las proyectistas explicó los fundamentos de esta iniciativa legislativa.
Comentó que para construir el proyecto, se realizaron varios encuentros y conversaciones con unas 100 mujeres políticas de movimientos y partidos de todo el país. La legisladora en su exposición, diferenció la violencia en política de aquella violencia política hacia las mujeres por razones de género. Explicó que la violencia en política tiene que ver con amenazas y ataques de opositores o incluso bandas criminales, como la narcopolítica. Pero, la violencia política contra las mujeres tiene que ver con un concepto social de que la política no es un espacio para las mujeres, con estereotipos que restan capacidad a las mismas para activar políticamente.
La proyectista expuso casos concretos de violencia política que ya se registraron en Paraguay y que atentaron contra el desempeño de intendentas, concejalas y diputadas.
Posteriormente, expuso la senadora argentina Claudia Gieco, quien mencionó las leyes vigentes en su país y que buscan garantizar los derechos de las mujeres, como la paridad, contra la violencia política, entre otras.
Sin embargo, en la tercera exposición, la abogada Myriam Ferreira, exconcejal de Asunción, expresó su rechazo al proyecto de ley en cuestión y afirmó que en toda su carrera política “nunca sufrió discriminación ni violencia por ser mujer”. En la misma línea, se expresó la candidata a concejal de Ciudad del Este por el movimiento #YoCreo, Alison Anisimoff. Ambas fundamentaron su rechazo al proyecto en sus experiencias personales en política, enfatizaron que las mujeres deben hacerse valer y que no es necesaria una ley para que las mujeres ocupen espacios de poder político.
La candidata a concejal de Ciudad del Este por el Partido Colorado, Liz Acosta, a diferencia de sus antecesoras, expuso las cifras que revelan la minoritaria participación política de las mujeres en política en Paraguay. Señaló que es necesario que existan más mujeres empoderadas.
En el conversatorio, se pudo notar que no existe un consenso entre las mujeres que participan en política sobre la necesidad de un proyecto de ley que aborde la problemática de la violencia política contra ellas. Consultada sobre la falta de reconocimiento del género como concepto de las ciencias sociales y de las desigualdades de género en gran parte de la población paraguaya, la senadora Esperanza Martínez expresó: “La aprobación de leyes es parte de un proceso de construcción de consensos. No hay claridad conceptual por eso hay debate. Para la aprobación de la ley 5777 llevamos dos años de debate”.