Itaipú ha sido por mucho tiempo la Central hidroeléctrica más grande del mundo (actualmente es la segunda), y es desde hace más de medio siglo foco de reclamaciones constantes entre los dos países que la dirigen, Paraguay y Brasil, que en los acuerdos originales compartían a partes iguales la soberanía.
En la actualidad, existen iniciativas como «Itaipú, Causa Nacional», que busca promover la participación informada de la ciudadanía paraguaya en la defensa de un acuerdo transparente y justo en la represa hidroeléctrica Itaipú Binacional, de cara a su próxima revisión en el cada vez más cercano 2023.
El núcleo de investigación y de promoción de la democracia establecido en Paraguay, DEMOS (Centro para la Democracia, la Creatividad y la Inclusión Social), resalta el dato de que entre 1985 y 2018, Brasil se apropió del 86% de la riqueza energética producida por Itaipú, en cuanto que el Paraguay solo obtuvo el 14%. “De haber conseguido una distribución justa de esta riqueza, el Paraguay podría haber sido otro país” acotan.
El debate sobre Itaipú no es algo nuevo. Su construcción sobre el río Paraná deriva de un tratado suscrito en 1973, labrado en completo hermetismo por dos gobiernos autocráticos. En el mismo, se consagra la distribución equitativa de la energía producida, pero ha obligado al Paraguay a ceder toda la potencia no utilizada al Brasil, a valores muy inferiores a los precios del mercado energético en ese país.
Uno de los últimos episodios con Itaipú por detrás como interés se empezó a cocinar en mayo del 2019.
Un pacto secreto
Un acuerdo firmado el 24 de mayo del 2019, pero dado a conocer en julio del mismo año hizo que el ambiente político ebullicionara violentamente. El acuerdo en cuestión estipulaba nuevos términos para la contratación anual de potencia energética de la hidroeléctrica, compartida por Paraguay y Brasil.
Pedro Ferreira, ex titular de la ANDE, había renunciado tras negarse a firmar el acuerdo bilateral porque, según dijo, este tendría un sobrecosto para Paraguay de unos US$ 250.000.000. Fue precisamente la renuncia de Ferreira la que destapó el escándalo.
En un primer momento, Mario Abdo Benítez, dio a entender que el Paraguay se avivaba frente al Brasil, por lo cual era necesario firmar el acuerdo sobre la energía de Itaipú, de manera a dar «seriedad» a la negociación del Anexo C en el 2023.
«Paraguay tiene que ser un país serio, ya no podemos ser un país pillo. No me quiero sentar a una mesa de negociación con vergüenza, porque yo mismo actúo quitando pequeñas ventajas», expresó en su momento el jefe de Estado.
Con respecto al tema, Ferreira subrayó que Brasil lleva mayor energía, por ende tienen mayores beneficios. «Eso se compensa, porque uno tiene mayor costo unitario y otro menor. No es ningún aprovechamiento, ni es que le jodimos a nadie», resaltó el expresidente de la ANDE.
Poco le duró el discurso, ya que posteriormente Marito dijo que fue malinterpretado por sus expresiones, porque fue mal asesorado por Cancillería y no estaba en completo conocimiento del documento firmado con el Brasil.
¿Qué decía aquél acta?
Con este nuevo documento, Brasil imponía acuerdos al país que eran perjudiciales para los intereses económicos de la ANDE (como lo mencionó Pedro Ferreira). Se habló de un excedente de US $250 millones que debía costear la ANDE cada año en caso de que esa acta fuera aprobada. Monto que iría a terminar en los usuarios consumidores de la energía eléctrica. Todo en beneficio de otro país, y sin contraprestación alguna.
Cambio de fusibles
Manifestantes coparon las calles de la capital demostrando su repudio al acta firmada, su manejo en total secretismo, y por la inoperancia de sus representantes ante una cuestión de tal envergadura. El pedido de Juicio Político sonaba al unísono.
Varias cabezas rodaron en el transcurso de esos días. Desde la salida del entonces canciller Luis Alberto Castiglioni; el embajador de Paraguay en Brasil, Hugo Saguier Caballero; el ingeniero Alcides Jiménez (funcionario de ANDE que tras la renuncia de Pedro Ferreira se convirtió en presidente de la entidad por menos de una semana) y el director paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete. Todos fueron eventualmente reemplazados por orden de Marito, tras haber sido obligados a renunciar.
A raíz de toda la crisis, el Congreso Nacional decidió crear una Comisión Bicameral para investigar el caso, mientras que el Gobierno decidió iniciar las gestiones para pedir al Brasil que se anule el acta y se vuelva a negociar.
Igualmente, estos cambios no satisfacían a la ciudadanía, que seguía pidiendo la cabeza del Ejecutivo. Y hablando de esto, hubo un personaje importante en esta historia que no solo sigue en su función, sino que ya está pensando en las próximas elecciones presidenciales del 2023: Hugo Velazquez
Un mensaje de texto filtrado presentaba al abogado José Rodríguez González (alias Joselo), como asesor del segundo del Ejecutivo. Joselo invocó al presidente Mario Abdo Benítez y a Hugo Velázquez en una negociación que guardaba relación con la propuesta de compra de energía de la ANDE, por parte de la empresa brasileña Léros Comercializadora, supuestamente ligada a la familia del mandatario brasileño Jair Bolsonaro.
Los empresarios brasileños estaban esperando los resultados, ansiosos de hacerse con esta energía sobrante, que además es más barata, para comercializarla en Brasil.
El segundo del Poder Ejecutivo aseguró en la sede del Congreso Nacional que en el desarrollo de las investigaciones «jamás apareció su nombre», y que a su entender «quedó claro» que él no sabía sobre el contenido del acta. Siendo vicepresidente de la República.
Al momento de hablar sobre José Rodríguez, dijo que «no son ni amigos», pese a que existen vínculos entre ambos.
Entonces, hasta acá vemos un acuerdo firmado en donde el principal beneficiado era Brasil y algunos empresarios de dicho país. ¿Quiénes saldrían ganando en terreno nacional si el acuerdo seguía en pie? El asunto parecía no tener fin. Pero lo tuvo de momento.
Y se anuló nomás…
Entre la noche del 31 de julio y el amanecer del 1 de agosto, el destino político del país fue negociado en la residencia del ex presidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes. Bastaba su visto bueno para dar rienda al juicio político. Y si bien inicialmente esto iba a correr, en la mañana del 1 de agosto del 2019 el acta fue anulada, motivando a desactivar el juicio político.
La bancada de Patria Querida, los liberales y la diputada Kattya González (PEN), oficializaron dos pedidos de juicio político que fueron archivados. Si bien hubo más intentos para reflotar el impeachment, sin el apoyo del movimiento cartista la cosa sería en vano. Ahora el poder tácito caía en manos de Horacio Cartes.
Hasta el momento, nadie fue imputado y la gente renunciante pudo continuar con su vida sin mayores problemas. Lo que se acusaba, «traición a la patria», una cesión de soberanía, una muestra de entreguismo y un oscuro negocio a espaldas de la nación, se diluyó como lágrimas en la lluvia.
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