La Cámara Baja aprobó el proyecto legislativo “Que deroga la vigencia de la Ley 6.659/20, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay, para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay y sus Anexos”.
La mayoría de los diputados vincularon en sus intervenciones, a este convenio con el Plan Nacional de Transformación Educativa. Sin embargo, desde el MEC aclararon en varias oportunidades que el PNTE está siendo financiado con recursos del Fondo para la Excelencia en la Educación.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), fue una de las primeras en pronunciarse, pero manifestó negativa con respecto a la derogación. Señaló que el convenio apunta exclusivamente al apoyo presupuestario, y no como dicen algunos sectores que denuncian aspectos de género y otras cuestiones.
Explicó que es una Ley de 38 millones de euros, de los cuales 21 millones se destinan al Ministerio de Educación, como apoyo presupuestario que debe ser distribuido en tres partes, de las cuales dos ya fueron ejecutadas.
Según informes de la Comisión Bicameral de Presupuesto, según destacó, hasta el día de hoy, de los 21 millones de euros, una parte ya fue utilizada y restan por usarse 12 millones, aproximadamente.
Acusó que cierto sector sembró pánico acerca de la inmoralidad, lo cual perjudicó la imagen de este plan, pero que nada de eso es cierto. “Son mentirosos e hipócritas, por lo que le pido a la ciudadanía que me crea: ese plan sigue vigente; la ley que van a derogar no pierde nada; al contrario, no se va a poder pagar deudas”, dijo.
Por su parte, el congresista Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), en su carácter de proyectista, insistió en derogar la ley porque, según afirmó, “es una legislación perversa e indigna para niños y jóvenes”.
“Debemos madurar, no hay que comprar espejitos que vienen en forma de donación, que trae enlatados la ideología de género y otros temas. Si es necesario, hay que devolver la donación”, refirió Núñez. Acotó que el convenio y sus temas relacionados, en realidad, quieren transferir la patria potestad de los padres.
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Para el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), la derogación de la ley responde a convicciones fundamentales y al clamor popular. “Con la media sanción vamos a trasmitir un mensaje claro y contundente de que vamos a defender la soberanía de nuestro país y que no vamos a permitir que ideologías foráneas atenten contra el espíritu de nuestra nación y el corazón de nuestros niños”, aseguró.
La parlamentaria Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), adelantó su voto a favor del proyecto al hablar del respeto a la familia tradicional y a la vida. Enfatizó que no debe ser una organización internacional la que, con un folleto, instale este tipo de cosas.
La parlamentaria Norma Camacho (PEN-Central), a su turno, lamentó que este tema se haya politizado. Habló de que esto se debe, en gran medida, a las internas del partido de gobierno. “Es bueno denunciar la manipulación política que se ha dado con la presentación de la derogación de esta ley. Hemos escuchado eso en casi todos los discursos. Se trata nada más que de una política pública; algo que debería redundar en llevar adelante los anhelados procesos educativos”, manifestó la vicepresidente segundo de la Cámara Baja. Calificó de irresponsabilidad política, comprometer fondos y recursos al aludir que se defiende, de esa manera, la vida y la familia.
Finalmente, 63 de los 80 diputados votaron a favor de la derogación de la ley que aprueba este convenio y ahora el proyecto pasa a la Cámara de Senadores.
Desde la Unión Europea, expresaron su preocupación por el rumbo que va tomando este debate.
