Mbururú, quien integra el Partido Cruzada Nacional bajo la tutela de Paraguayo Cubas, enfrenta una larga lista de cargos criminales, que incluyen tentativa de homicidio, toma de rehenes, invasión de inmuebles y violencia intrafamiliar.
Se estima que tiene un total de veinte procesos penales en su contra, aunque otras fuentes señalan que el número de procesos puede llegar hasta 50.
La solicitud presentada por el abogado de Mbururú, Rodolfo Fariña González, busca obtener un permiso especial que permita al imputado salir de la cárcel bajo estricta custodia para jurar como senador en la capital del país. Según el abogado, el hecho de que Mbururú haya sido electo y proclamado senador por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) respalda su petición.
No obstante, la Asociación P.A.S Proteger Amar Salvar Paraguay ha alzado su voz en contra de esta solicitud. En un comunicado publicado en redes sociales, la ONG ha dejado claro su repudio a la petición y ha recordado los crímenes atroces cometidos por Mbururú, destacando especialmente la acusación de abuso sexual a una niña de tan solo 12 años, la organización ha enfatizado la falta de escrúpulos y la vileza de carácter de este individuo.
La organización ha instado a los magistrados encargados de tomar una decisión sobre la solicitud a actuar con rapidez y firmeza. Haciendo un llamado a la justicia, P.A.S Proteger Amar Salvar Paraguay ha enfatizado la importancia de no dejarse intimidar ni persuadir por el cargo que Mbururú pretende asumir.
En un momento crucial para el país, la organización ha llamado a la defensa de los ideales y la protección integral de la niñez paraguaya, haciendo un llamado a la unión de la sociedad en contra del abuso sexual y los abusadores de niños, niñas y adolescentes.
La sociedad paraguaya espera que la justicia prevalezca y que individuos como Mbururú no sean absueltos de sus delitos, en defensa de los derechos y la protección de los más vulnerables. La posición de la ONG P.A.S Proteger Amar Salvar Paraguay refleja la indignación y la determinación de una sociedad que no está dispuesta a permitir que los abusadores de menores ocupen cargos públicos.
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