El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto fue imputado nuevamente por la Fiscalía, junto al concejal municipal Sebastián Martínez, el director de Finanzas de la Municipalidad, Francisco Arrúa, más otras personas vinculadas a la institución y su equipo político. La imputación es por una supuesta licitación amañada que habría causado un perjuicio patrimonial de poco más de 300 millones de guaraníes a la Comuna esteña.
Prieto y otras 12 personas fueron imputados por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La imputación fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
El intendente y el director de Administración y Finanzas de la Municipalidad fueron procesados por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de autores y por asociación criminal.
Las otras 11 personas también fueron imputadas por lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y asociación criminal.
Estas personas son indicadas por la Fiscalía como integrantes de un supuesto esquema encabezado por Prieto, que presuntamente desviaba recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando perjuicio patrimonial al municipio de CDE.
Las demás personas procesadas son: Buenaventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado), Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A., Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi, Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación, Maggi Elizabeth Fariña Almada, excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad.
Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal municipal de CDE, Alex Yamal Samhat González, exjefe de planta procesadora de alimentos de la Municipalidad y administrador del contrato, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, exjefe de adquisición y suministros de la comuna, Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero.
Los agentes del Ministerio Público requirieron al Juzgado Penal de Garantías, las medidas cautelares como fianza personal o caución real, la inhibición general de enajenar y gravar bienes, trabar embargo preventivo de todas las cuentas habilitadas en el sistema financiero.
Según los antecedentes de la causa, Miguel Prieto, ordenador de gastos y administrador general de la comuna, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia de Covid-19, con supuestos fines sociales. Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por la Fiscalía, el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado para favorecer a una estructura jurídica funcional al intendente.
