Una funcionaria de la Gobernación de Alto Paraná denunció ante la Fiscalía, el pasado 23 de noviembre, al entonces director de Planificación de la institución, Reinaldo Sánchez Canale, por acoso. Ante la denuncia formal, el director se vio obligado a renunciar a su cargo para responder al proceso ante el Ministerio Público. Consultada sobre el abordaje institucional del caso, la coordinadora del Área Mujer del Gobierno Departamental, Graciela “Chely” Burgos, defendió al denunciado y minimizó el hecho en una entrevista realizada para el canal Paraná TV.
“Sobre el punto quisiera no opinar mucho, pero alegando que el compañero Reinaldo Sánchez Canale es una persona excelente, un excompañero de facultad, somos de la misma promoción de la Universidad Privada del Este y tengo años que le conozco al colega. Y realmente, solamente defenderle al colega. Como persona es excelente, a lo mejor hubo un mal entendido. Oportunamente él puso ya a disposición su cargo. La investigación está a cargo del Ministerio Público y nada, mucha fuerza al compañero. A lo mejor habrá sido un malentendido”, expresó la jefa de la dependencia que debe velar por los derechos de las mujeres.
Lejos de respaldar a la víctima e instar a las mujeres a denunciar toda forma de violencia, la funcionaria se colocó del lado del denunciado, dando énfasis a su relación de amistad con él. La abogada “Chely” Burgos reflejó en su declaración una falta de idoneidad para el cargo que ocupa.
Su desempeño al frente de esta dependencia pública también refleja una serie de falencias, que fueron evidenciadas en el informe preliminar del “Mapeo a Instituciones Públicas y su aplicación de la Ley 5777/16 en Alto Paraná”, realizado por la organización de mujeres Kuña Poty de Ciudad del Este.
La Gobernación de Alto Paraná es la institución encargada de construir un albergue para mujeres víctimas de violencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 5777/16 De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia. Sin embargo, a 4 años de la vigencia de esta ley el Gobierno Departamental sigue incumpliendo su obligación legal.
La funcionaria se negó a una entrevista para el mapeo realizado por Kuña Poty y pidió que se solicite una autorización al gobernador Roberto González Vaesken para que la misma pueda brindar información básica sobre su gestión. Así también, cuando la organización solicitó datos sobre el albergue a través del Portal de Acceso a Información Pública, la Gobernación no dio una respuesta concreta sobre el tema y sólo informó una lista de asistencias con cestas básicas o de salud, a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Estas situaciones, evidencian la falta de preparación e idoneidad de la abogada “Chely” Burgos para ocupar el cargo. La misma también tiene antecedentes de irregularidades en su gestión al frente de la Cárcel de Mujeres de Ciudad del Este. Sin embargo, ella sigue ocupando altos cargos públicos, por ser amiga y operadora política del movimiento del gobernador Roberto González Vaesken.
