La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho un llamado urgente al Congreso de Paraguay para que rechace un polémico proyecto de ley que impondría severas restricciones a la financiación y operación de las ONG en el país. La ONU advierte que esta legislación, aprobada por el Senado, podría tener un impacto negativo en la labor de derechos humanos y la libertad de asociación. Activistas locales denuncian la norma como inconstitucional y temen que pueda ser utilizada de forma arbitraria.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha emitido una firme advertencia al gobierno paraguayo, instando al rechazo de una controvertida ley que amenaza con restringir severamente la operación de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país.
Marta Hurtado, portavoz de la oficina de la ONU, declaró que esta propuesta legislativa tendría un “impacto negativo en la vital labor de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil en el país”.
Según la ONU, la ley no solo obstaculizaría el ejercicio de la libertad de asociación y expresión, sino que también quebrantaría principios fundamentales del derecho internacional.
En una sesión extraordinaria del 8 de julio, presidida por el senador Basilio “Bachi” Núñez, se aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”.
“El derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a solicitar, recibir y utilizar recursos esenciales para operar efectivamente”, enfatizó Hurtado en un comunicado oficial.
La propuesta de ley, aprobada por una mayoría oficialista en el Senado paraguayo, incluye medidas que han sido calificadas como excesivamente restrictivas. Entre ellas se encuentra la obligación de las ONG de inscribirse en un registro nacional adicional y la imposición de sanciones por incumplimiento, consideradas “desproporcionadas” por la oficina del alto comisionado Volker Türk. Además, la ley extendería el control estatal sobre la administración de fondos privados.
Estas medidas han llevado a activistas de la sociedad civil a denunciar la normativa como inconstitucional, advirtiendo que atenta contra la libertad de asociación garantizada por la Constitución paraguaya. Las organizaciones temen que el gobierno pueda utilizar la ley de forma arbitraria, comparando la situación con casos similares en Nicaragua y Venezuela. Las sanciones propuestas incluyen multas de hasta 400 mil dólares y la posibilidad de cancelación de las organizaciones.
En un comunicado, 81 organizaciones no gubernamentales expresaron su profunda preocupación por la reciente aprobación en la Cámara de Senadores del proyecto de ley que pretende controlar las ONG.
Un aspecto particularmente controvertido de la denominada “Ley garrote” o “Ley mordaza” es la amplitud y ambigüedad de su alcance. El artículo 2 del proyecto de ley extiende su aplicación no solo a “asociaciones que tengan por objeto el bien común”, sino también a “cualquier persona física o jurídica o estructura jurídica que reciban o administren fondos públicos o privados de origen nacional e internacional a ser destinados a prestaciones o ámbitos de competencia del Estado”.
Diana Vargas, abogada especializada en derechos civiles, advierte sobre las implicaciones de esta redacción: “Básicamente, nadie está afuera”, señala, subrayando la preocupación de que la ley podría aplicarse de manera indiscriminada a una amplia gama de organizaciones e individuos.
La situación se agrava ante informes de expertos que han detectado actividades irregulares destinadas a vulnerar los sistemas informáticos de al menos tres organizaciones no gubernamentales, frecuentemente señaladas por el oficialismo.
Ante esta situación, la ONU ha hecho un llamado a las autoridades paraguayas para que entablen consultas “significativas e inclusivas” con defensores de los derechos humanos, la sociedad civil y otras organizaciones. El objetivo es garantizar un marco normativo que esté en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos.
La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de esta situación en Paraguay, esperando que prevalezca el respeto a los derechos fundamentales y la libertad de la sociedad civil para operar sin restricciones indebidas. Mientras tanto, las ONG y activistas locales continúan movilizándose contra lo que consideran una “ley garrote” que podría tener graves consecuencias para la democracia y los derechos humanos en el país.