La comitiva encargada del monitoreo a las penitenciarías estuvo coordinada por los comisionados: Orlando Castillo y Sonia Von Lepel. Docentes universitarios y estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Privada del Este y de la Universidad Nacional del Este, participaron de las visitas para el relevamiento de datos, en calidad de escabinos (voluntarios).
“La cárcel de varones se enmarca en un seguimiento del monitoreo realizado en el 2018. Estos monitoreos los estamos haciendo en el contexto de Covid-19. Queremos verificar un poco ya con un ajuste específico, teniendo en cuenta la pos-pandemia, por ejemplo verificar las vacunaciones, en qué condiciones están las personas, habitabilidad, medidas sanitarias, evitar la propagación, la atención médica pos-covid a las personas que tuvieron algún tipo de casos positivos y cómo se está dando esta reapertura gradual a las visitas que estuvieron restringidas en pandemia”, explicó la comisionada, Sonia Von Lepel.
Afirmó que en la cárcel de varones sigue siendo preocupante el hacinamiento de los internos. “Está súper poblada, muy superada en su cantidad. Si bien oficialmente la penitenciaría está cerrada, el traslado de internos entre los penales se sigue dando, lo cual aumenta la población en las penitenciarías”, comentó.
Y agregó: “Hay pocas salidas y esta es otra de las cuestiones alarmantes. Refieren que en la mayoría, hay una falta de denegatoria, en el caso de los institutos procesales, por parte de los jueces de ejecución para que las personas puedan acceder a cualquiera de las salidas procesales a la prisión preventiva o en el caso de los condenados, que puedan acceder a la libertad condicional o salidas transitorias”.
Indicó que la información preliminar que tienen, es que “los jueces de ejecución no están dando salidas transitorias, porque alegan que supuestamente las penitenciarías, no cuentan con las condiciones”.
Identifican problemas en el acceso a la justicia
La situación revela que no existe un trabajo articulado, para poder dar cumplimiento a estas alternativas procesales. “Estaremos pensando alguna acción de incidencia en ese sentido, también en estos tiempos de pandemia, los defensores no estuvieron en las penitenciarías, las personas desconocen el estado procesal de sus causas, los juicios orales fueron suspendidos en su mayoría varias veces”, comentó Von Lepel.
Otro punto preocupante, tiene que ver con la implementación de los containers para albergar a los internos, ante la falta de espacio y como alternativa al hacinamiento en los pabellones. “No reúnen las condiciones mínimas, de poder estar. Son lugares donde hace mucho calor y donde las personas no pueden estar porque no es un espacio apropiado. Hay unas 300 personas en esas condiciones”, afirmó la comisionada.
Otro punto verificado, fue la calidad de los alimentos y los servicios de salud. Luego de una protesta masiva por la baja calidad de alimentos, mejoró hace unos meses. Sin embargo, no hay atención médica especializada. “Hay solo dos médicos, que son insuficientes para la cantidad de internos. No hay medicamentos, los familiares tienen que comprar medicamentos para los presos cuando se enferman. La atenciones extramuro casi no se dan, falta articular entre salud penitenciaria y las cabeceras departamentales, de hecho existe un acuerdo entre el Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia”, agregó.
Durante el monitoreo, pudieron relevar que durante la pandemia, se redujo el vínculo entre los internos y sus familiares. Y en el caso de los procesos penales, las audiencias fueron virtuales en su mayoría, pero en muchos casos los internos no estaban con sus defensores en el momento de la audiencia. “Hugo una suspensión masiva por a o b motivo, internos refieren que no entendían muy bien el proceso porque los defensores se conectaban de manera virtual y las personas privadas de libertad estaban en un espacio, sin la posibilidad de conversar con su defensor y que este le vaya explicando alguna situación”, manifestó.
“Urge solicitar que se establezcan ya las audiencias presenciales con los defensores. Que como política institucional, se establezca la presencia de los defensores públicos, a fin de que puedan poner al día a las personas sobre su estado procesal. La mayoría refirió que hace como dos años no tienen contacto directo presencial con sus defensores públicos”, finalizó la comisionada.