La Junta Municipal de la ciudad de Presidente Franco aprobó la realización de un operativo que involucre a varias instituciones, entre ellas a la Policía Nacional, para retirar a niños, niñas, adolescentes, indígenas y personas que trabajan limpiando parabrisas de los semáforos a partir de este martes. La medida fue anunciada como una respuesta a denuncias de violencia asociadas a algunos limpiaparabrisas.
El concejal Mauricio Torres, del Partido Colorado (ANR), solicitó aplicar la Ordenanza 21/2017, que prohíbe la actividad de los limpiavidrios en los cruces semafóricos, como parte de los esfuerzos para garantizar la seguridad en la ciudad.
“La presencia de niños vendiendo caramelos o pidiendo dinero, así como de limpiaparabrisas no locales, es una imagen cotidiana que queremos cambiar”, afirmó por su parte Luis Fernando Vargas, concejal del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
La Junta Municipal instó a la Municipalidad de Presidente Franco a realizar un operativo con la participación de la Codeni, el Juzgado de Faltas, la Policía Municipal de Tránsito y el apoyo de la Policía Nacional. Esta intervención se enfocará en identificar a los niños, niñas y adolescentes y localizar a los adultos responsables del cuidado de los mismos. Además de revisar la identidad y los antecedentes policiales de las personas que trabajan limpiando parabrisas de vehiculos en los semáforos.
La situación en las calles de Presidente Franco ha llegado a un punto crítico, con mayor presencia de familias indígenas y personas en extrema pobreza buscando medios de subsistencia en los semáforos, especialmente en áreas como la avenida Bernardino Caballero, ruta PY07 y el casco urbano.
Estas personas, provenientes de comunidades como Itakyry, Caaguazú y Puerto Península, llegan a la ciudad franqueña buscando sustento en las calles, superando la capacidad de respuesta de la Codeni.
El concejal Torres hizo hincapié en que el objetivo no es expulsar a estas personas de los semáforos, sino buscar soluciones integrales que involucren el apoyo del Gobierno Nacional, a través de instituciones como el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), para asegurar su bienestar y ofrecer alternativas sostenibles a largo plazo. Sin embargo, no dio detalles sobre cuáles serían estas alternativas.
