El importante político es sospechoso de haber vendido un inmueble a un procesado en la causa A Ultranza Py por la suma de un millón de dólares y de no haber incluido ese bien en su declaración jurada. Además, se le acusa de haber utilizado una aeronave propiedad del Clan Insfrán como medio de transporte.
Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Pak solicitaron la prisión preventiva del parlamentario, así como el bloqueo de todas sus cuentas y el secuestro de la avioneta en cuestión. Sin embargo, el juez penal de garantías aún no ha resuelto sobre el pedido. La imputación contra Galeano se produjo después de varios intentos de su defensa por apartar a los fiscales del caso, los cuales fueron rechazados por la Fiscalía Adjunta y el Fiscal General.
La noticia causó gran revuelo en el ámbito político y social, ya que se trata del otro congresista metido en hechos cuestionables. Anteriormente, Juan Carlos Ozorio, Carlos Portillo, Dionisio Amarilla, Óscar Gonzalez Daher y Jorge Oviedo Matto son otros nombres manchados que forman parte de la historia negra del Congreso Nacional.
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Santiago Peña, presidente electo, se pronunció al respecto. “He solicitado personalmente al diputado Erico Galeano que se ponga a disposición del Ministerio Público y las autoridades judiciales, a fin de deslindar su responsabilidad de los hechos que le atribuyen”, reza parte del comunicado.
El caso A Ultranza Py es una investigación que se inició en marzo del 2022, cuando se realizaron varios allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, donde se incautaron más de 20 toneladas de marihuana, armas, vehículos y dinero en efectivo. Entre los detenidos se encontraba Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, considerado el cabecilla de la organización criminal.
Un informe remitido al Ministerio Público reveló que el diputado cartista imputado omitió en su declaración jurada una lujosa propiedad y 12 cuentas bancarias. Estas operaciones son consideradas como sospechosas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Según el reporte, el diputado no tenía la capacidad financiera para una compra de la propiedad en el complejo Acqua Village (que posteriormente fue vendida a Hugo González).
Entre las operaciones sospechosas, figura una transferencia realizada por el diputado al ex presidente de la República Horacio Cartes, por unos US $2.5 millones en 2021.
