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Organizaciones sociales de América Latina y Caribe exigen justicia fiscal para garantizar el derecho a la educación

El reclamo se basa en investigaciones realizadas en Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, que dan cuenta que no cumplen con el compromiso de asignar el 6% de su PBI.

“No basta recaudar bien sino que es necesario invertir adecuadamente. No se puede hablar de justicia fiscal ni de ningún tipo de justicia fuera del ecosistema de los derechos humanos, porque es ahí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias”, sentenció Vernor Muñoz , miembro de la Campaña Mundial por la Educación.

La investigación y la declaración de Muñoz fueron públicas durante el lanzamiento de la campaña “Derecho a la educación con justicia fiscal” impulsada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC).

Adrián Falco , coordinador en Fundación SES y Co-presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) de Argentina, dio un panorama de los países que integran la región, en particular Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, que fueron utilizados como casos de estudio y que no cumplen con el compromiso de asignar el 6% de su PBI a la educación.

Dentro de ese universo, Argentina se destaca por ser el que más dinero destina al sector, a pesar de que solo alcanzó dicha meta del 6% de su PBI en 2015. Desde 2016 se contrajo hasta llegar, en 2019, al 4,8%; exhibiendo un aumento real de la inversión en educación del 19% de su presupuesto en el año 2021 respecto al año anterior. En cuanto a los valores alcanzados por el resto de los países, Colombia destinó, en los últimos años, un 4,5% de su PBI, Guatemala bajó a un 3% en 2021, Paraguay a un 3,3% en los últimos 5 años, Perú mostró tendencia positiva en los últimos 7 año llegando un 4,25% y R. Dominicana 3,75% (entre 2015 y 2021, y solo en 2020 ascendió a 4,52%).

Para revertir este panorama, los especialistas afirmaron que la clave está en atacar la evasión y elusión fiscal que es un mal que atraviesa a toda la región y avanzar en reformas tributarias progresivas. Los países bajo estudio cuentan con sistemas tributarios regresivos que imposibilitan el cumplimiento de la meta planteada sobre la asignación del 6% del PBI de sus países a Educación.

En los casos de Argentina y Colombia, coincidieron desde las organizaciones sociales, que es necesario invertir el 8% del PBI para contar con las ofertas educativas, la infraestructura escolar, la conectividad, las becas para quienes lo requieran y los equipos docentes necesarios para garantizar el derecho a la educación para todas las personas.

Paraguay necesita invertir en mejorar el 45% de su infraestructura educativa

Países como Paraguay expresan la necesidad de intervención para infraestructura educativa en un 45% de los establecimientos educativos; o Colombia, que muestra porcentajes cercanos al 5% en niños, niñas y jóvenes, excluidos del sistema educativo. La evasión, la elusión y los privilegios tributarios aparecen como los principales causantes del no cumplimiento de las metas establecidas, además de la caída del PBI en todos los países a causa de la pandemia.

La evasión tributaria representa un 4,5% del PBI en países como República Dominicana, 5% en Colombia, 8% en Perú, 7,9% en Paraguay, 18% en Guatemala. La CEPAL estima que en 2018, la región perdió 325 mil millones de dólares debido a la evasión y/o elusión fiscal. Este monto equivale a un 6.1 % del PIB o al 139% del gasto destinado a educación en 2019.

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