En un pedazo de tierra roja, entre la reserva biológica Limoy, propiedad de Itaipú Binacional y grandes extensiones de monocultivo, sobreviven 67 familias de la Comunidad Tekoha Sauce. Para llegar hasta ellos, se deben ingresar unos 46 kilómetros de camino de tierra desde la súper carretera Mariscal López, en el distrito de Minga Porã, al norte de Alto Paraná.
No tienen energía eléctrica, solo un panel solar cuya batería se descompuso. La señal telefónica apenas alcanza en un punto cerca del lago Itaipú. Están totalmente aislados y a la vez, hostigados por los guardabosques de la reserva y los capataces de la soja.
Los hombres y mujeres de la comunidad, se turnan para ir hacia el casco urbano de Minga Porã o distritos vecinos, en busca de trabajo. En los alrededores de la ocupación, solo consiguen que los productores agrícolas les contraten como carpidores de malezas y les paguen 6.000 guaraníes por bolsa.
La resistencia es dura. Niños y niñas crecen con una alimentación deficiente, debido a que la comunidad tiene prohibida la caza, la pesca y el cultivo en el lugar. Se alimentan a partir de donaciones o lo poco que logran comprar con el pago por changas.
La verificación del despojo
La situación de la comunidad Tekoha Sauce fue constatada este martes por el comisionado residente de Naciones Unidas en Paraguay, Mario Samaraja. El alto funcionario conversó con el líder indígena, Cristóbal Martínez y se mostró muy interesado en el caso.
“Prometió agendar conversaciones con algunas autoridades del Estado y con la Itaipú Binacional, con algunos parlamentarios para que la comunidad tenga un tratamiento pertinente en sus reivindicaciones y pueda encaminarse hacia una solución. Pero dejó en claro que no promete nada porque la solución no está en sus manos, más que sus buenos oficios y su interés en el tema”, comentó el abogado Jorge Guillén, quien lleva la defensa de Tekoha Sauce y acompañó la visita.
Esta comunidad Ava Guaraní Paranaense fue desplazada de su territorio ancestral cuando se iniciaron las obras para la construcción de la hidroeléctrica Itaipú, en el año 1975. Fueron reasentados de manera forzosa en otras comunidades Ava Guaraní. Sin embargo, una parte de sus tierras no fueron inundadas y una investigación periodística reveló que muchas de esas tierras fueron negociadas durante la dictadura entre personas afines al gobierno. Ante esta información, las familias de Sauce decidieron en 2015 regresar a sus territorios tradicionales. A partir de ese momento, se inició una lucha que continúa hasta hoy.
Las familias volvieron a ocupar un sector en Minga Porã, donde vivieron antes de ser expulsados para la construcción de Itaipú. Sin embargo, ese terreno estaba registrado a nombre de Herman Hutz, vinculado al expresidente de la República, Horacio Cartes y pariente cercano del exvicepresidente Juan Afara.
Hutz hizo una demanda por invasión de inmueble y el 30 de septiembre de 2016, las familias de Tekoha Sauce fueron víctimas de un violento desalojo, incluso con la presencia de funcionarios del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
Desde entonces, sobreviven en el lindero de la Reserva Limoy de la Itaipú Binacional. Estudios etnográficos, indican que la reserva biológica forma parte del territorio ancestral del pueblo Ava Paranaense. Sin embargo, la represa desconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, establecido en la propia Constitución Nacional e impulsó una demanda de desalojo contra los líderes de la comunidad. Actualmente, el juicio está en fase de presentación de pruebas.
Itaipú niega su deuda histórica con los Ava Guarani
“En varios informes solicitados a la Hidroeléctrica Itaipú desde la Cámara de Senadores, tanto desde la Comisión de Pueblos Indígenas como desde la Bancada del Frente Guasu, la represa niega el derecho al resarcimiento de Tekoha Sauce, indicando que las reparaciones ya fueron realizadas cuando se produjo la inundación, y que la hidroeléctrica adquirió 2.000 hectáreas para el reasentamiento de las comunidades desplazadas”, señala un informe del equipo jurídico que defiende a Tekoha Sauce.
“En paralelo inició un Juicio de Desalojo contra Tekoha Sauce, quienes hasta la actualidad se encuentran refugiados en el lindero de la Reserva Limoy, otrora antiguo territorio ancestral de los ava paranaenses. Sobre la ocupación, la Itaipú acusa al grupo de ser una división interna de la comunidad Itabo. (La comunidad Itabo es donde la Itaipú reasentó forzosamente a los Ava de Tekoha Sauce, siendo que aquella pertenecía a un subgrupo de ava de tierra adentro y ésta a un sub grupo ava de la ribera, los paranaenses)”, detalla el documento.
Articulación social y posibles alternativas
Para acompañar la lucha de la comunidad indígena, se creó la Plataforma Tekoha Sauce Pytyvohára integrada por las Siervas Misioneras del Espíritu Santo, Amnistía Internacional Paraguay, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (CEADUC), el Fondo de Mujeres del Sur (FMS) y Grupo Sunu.
A la par del proceso jurídico por la demanda de desalojo, se plantean al Estado algunas alternativas para la comunidad Tekoha Sauce. Una opción es la compra de tierras por parte del Estado para resarcir el daño y permitir que la comunidad recupere su Tekoha. Se propone la compra de 3.500 hectáreas de tierras alternativas pertenecientes al territorio de los Ava. El costo de la tierra es muy elevado, dada la alta especulación inmobiliaria en Alto Paraná, por lo que hasta la fecha no se ha avanzado en esta dirección.
Otra opción sería cambiar la figura de la Reserva Biológica Limoy (14.828 h) de “Reserva Especial o Autárquica” figura aplicada para las reservas de Itaipú y de Yacyreta, por la nueva figura establecida en la Resolución 200 del Mades “Territorio Indígena de Conservación”, elaborando con la comunidad el plan de manejo, con zonas de conservación e intangibilidad y zonas de uso comunitario; así como un plan de restitución definitiva territorial a beneficio de la comunidad. Para ello, Itaipú podría convocar a una mesa técnica de trabajo.
La última alternativa, sería la expropiación de las tierras reclamadas. De acuerdo al relevamiento del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, la cantidad mínima que debería ser devuelta a la comunidad es de 5 mil hectáreas. Esta opción de expropiación debería ser también consultada con la comunidad y gestionada desde el INDI.
