“Te quiero comer”, le dijo el jefe municipal a la funcionaria dentro de la oficina de una dirección en diciembre del 2020. Ella cuenta que se sorprendió con la declaración pero trató de seguir cumpliendo sus funciones con normalidad en la dependencia pública. Tiempo después, el jefe la convocó para conversar en el patio de la institución, donde le insistió que acceda a un supuesto tratamiento psicológico con él y le sugirió hacerlo en un motel.
Cansada de este tipo de insinuaciones, la funcionaria presentó una denuncia formal por acoso sexual contra su jefe ante la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad, que en ese momento estaba a cargo de Aramí Lovera. El caso fue comunicado verbalmente al director de la dependencia, quien sugirió una reunión de mediación en la Dirección de Asesoría Jurídica, para buscar un acuerdo entre las partes y evitar que el caso tome estado público.
Todas las partes accedieron y la reunión de “mediación” se realizó en la oficina de Asesoría Jurídica en junio del año pasado, con la presencia de la directora de Asesoría Jurídica, Abog. Nidia Silvero de Prieto, el entonces director de Desarrollo Social, Sebastián Martínez y la entonces secretaria de la Mujer, Arami Lovera. Fueron convocados el denunciado y la afectada. En esa reunión, el denunciado reconoció “que fue maleducado” y pidió disculpas a la víctima. La denunciante fue trasladada a otra dependencia y el entonces jefe, fue destituido y enviado a otro sector.
Posteriormente, se hizo una segunda reunión entre los directores, esta vez con la nueva directora de Desarrollo Social, Sonia Barrios. La reunión fue a pedido del denunciado, quien informó que la víctima supuestamente comentó el tema con otras personas. Fue entonces, que el presunto acosador planteó un compromiso de la víctima “de no volver a tocar el tema” firmado en Escribanía. Ella no accedió y recibió el apoyo de la directora de Desarrollo, razón por la cual la idea del documento no prosperó.
En esa reunión, el presunto acosador amenazó con denunciar a la víctima si volvía a tocar el tema con terceros. En ese entonces, ella estaba embarazada de 6 semanas y los nervios de esta segunda reunión la afectaron física y emocionalmente, al punto que esa noche tuvo fuertes dolores, luego una hemorragia y esa madrugada perdió al bebé en gestación.
Todo esto ocurrió entre fines del 2020 y julio del 2021. La funcionaria continuó trabajando en la Municipalidad, pero en los primeros días de enero de 2022 fue informada verbalmente por un funcionario de Talento Humano que su contrato no fue renovado. Sin embargo, el denunciado por acoso sigue trabajando en la institución.
El nombre de la víctima se omite como medida de protección, considerando Artículo 9º de la Ley 5777/16, que garantiza la confidencialidad en casos de violencia contra la mujer.
Procedimiento ilegal y dilación de un protocolo contra el acoso
El acoso sexual es un delito tipificado en el Artículo 133 del Código Penal Paraguayo, que lo describe de la siguiente manera: “El que con fines sexuales hostigara a otra persona, abusando de la autoridad o influencia que le confieren sus funciones, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años”.
La víctima denunció el hecho ante la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad, que comunicó verbalmente al director de Desarrollo Social, Sebastián Martínez, ya que en su dependencia ocurrió el caso y al director de Talento Humano, Vidal Vázquez.
“Conozco el caso, en aquel momento estaba Ara como jefa de la Secretaría de la Mujer. Habló conmigo y le sugerí que se presente la denuncia por escrito para hacer seguimiento”, recordó Vázquez.
La denuncia fue redactada pero no fue derivada por la Secretaría de la Mujer a la Dirección de Talento Humano, ya que optaron por buscar “un acuerdo” entre la denunciante y el presunto acosador.
Las reuniones de mediación propiciadas por los directores municipales fueron ilegales. La Ley 5777/16 De Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma de Violencia, en su Artículo 44 de la “Prohibición de conciliación o mediación”, señala lo siguiente: “Se prohíbe aplicar la conciliación, mediación o arbitraje o cualquier otro medio de resolución alternativa de conflictos de hechos de violencia hacia la mujer, antes y durante la tramitación del procedimiento de medidas de protección”.
En este caso, no hubo medidas de protección a la víctima. La misma fue expuesta al presunto acosador en una reunión con terceros lo cual también implicó una grave revictimización.
A raíz del caso, la funcionaria fue trasladada a otra dependencia, justamente a la Secretaría de la Mujer y meses después fue desvinculada.
La actual titular de la Secretaría de la Mujer, Yanina Portillo, afirmó que no hubo desvinculación y que la no renovación de contrato de la funcionaria nada tiene que ver con la denuncia de acoso. Alegó que obedece a una reducción de funcionarios que se realiza a nivel institucional. “No hay nexo causal entre una cosa y otra. No hay causal de desvinculación”, afirmó.
Por otro lado, sostuvo que desde que tomó posesión de la Jefatura de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad no recibió denuncias de acoso. “Desde mi llegada a la jefatura de la Secretaría de la Mujer, yo particularmente no recibí casos de acoso, aunque no deja de ser que haya existido o que exista y que eso no sea para mí una preocupación. Estamos trabajando sobre el abordaje de acoso institucional, estamos presentando un protocolo en este primer cuatrimestre de este año, para que también sirva de modelo a otras instituciones, públicas o privadas”.
Consultada con relación al hecho que el funcionario denunciado continúe en la institución, a diferencia de la víctima expresó: “Desconozco si a la otra persona le renovaron o no el contrato. Estas cosas no dependen de uno, la renovación o no de los contratos es algo que escapa de mis funciones. Yo no podría decir cuáles fueron los criterios que se abordaron para tal o cual renovación. Esto se realiza a nivel aleatorio, por la sobrepoblación de funcionarios que había. Pero la idea es descongestionar funcionarios para que hagamos un esfuerzo necesario para el trabajo”.
Mientras la Municipalidad de Ciudad del Este, no cuenta con un protocolo adecuado para el abordaje de denuncias de acoso sexual en el espacio laboral, se siguen registrando casos según informaciones extraoficiales. La falta de garantías para las denunciantes y procedimientos institucionales para la investigación y sanción, desalienta las denuncias formales. Así también, la falta de un trabajo de concienciación para la prevención de esta forma de violencia hacia las mujeres, permite que esta práctica se naturalice y goce de impunidad, en detrimento del bienestar y la seguridad de las funcionarias municipales.
La organización Kuña Poty solicitó vía nota un protocolo institucional y una campaña social contra el acoso en Ciudad del Este al intendente Miguel Prieto en el marco del #25N en 2020 y ante la falta de respuestas, intervino con un escrache a la institución el 8 de marzo de 2021. Más de un año después, no hay acciones concretas.
Más información: Una pregunta recurrente: ¿Qué hago si soy víctima de acoso?
