En la semana fue noticia la detención de Máximo Ramon Sosa, funcionario municipal de Ciudad del Este, quien fue procesado por molestar a su vecinos tras poner música a un volumen innecesariamente alto. El juez Amílcar Marecos ordenó su prisión preventiva, y Sosa deberá permanecer recluido en la penitenciaría regional de la capital del décimo departamento.
El reporte de la Subcomisaría 2ª señala que los agentes policiales acudieron a la vivienda del funcionario municipal, ubicado en el Barrio Fátima, para intervenir tras una denuncia de polución sonora. Los oficiales pidieron a Sosa que baje el volumen de la música que estaba reproduciendo en su camioneta, pero el funcionario municipal lanzó improperios a los agentes señalando que “trabaja en la Junta Municipal de Ciudad del Este y que tiene influencia en la Policía”. Los efectivos policiales se retiraron.
Posteriormente regresaron al recibir otra nueva denuncia de vecinos. Los agentes localizaron en la vía pública al denunciado, quien nuevamente “recriminó a los policías y amenazó a los agentes con hacer que los trasladen”, de acuerdo al acta de imputación. Al percatarse de la llegada de una comitiva fiscal, Sosa huyó y fue perseguido por varias cuadras hasta su casa.
¿Qué dice la ley?
A inicios del 2020 fue promulgada la ley 6390/2020 que regula la emisión de ruidos. La misma apunta a regular la emisión de ruidos capaces de afectar el bienestar o dañar la salud de las personas y demás seres vivos, a fin de asegurar la debida protección de la población, del ambiente y de los bienes afectados por la exposición a los ruidos.
El documento dice que todo ruido que proviene de un “sonido que, por su intensidad, duración o frecuencia, supere los niveles fijados como máximos, permitidos por las normativas técnicas de la autoridad de aplicación, y que por ello causen molestia, perturbación, perjuicio o daño al bienestar o a la salud de las personas o de otros seres vivos, a bienes públicos; privados o al ambiente” serán multados los responsables.
Además, las municipalidades serán autoridad de aplicación de la Ley. A ellas les corresponde el ejercicio de los deberes y atribuciones establecidos en dicha Ley. Conforme a la Ley N° 3966/10 “ORGÁNICA MUNICIPAL”, corresponde a las Municipalidades:
- Establecer reglamentaciones y aplicar las normas de protección acústica.
- Otorgar permisos y/o licencias comerciales o similares a las actividades emisoras de sonidos.
- Aplicar las sanciones correspondientes.
Papel de la Municipalidad
Por estas fechas pero durante el año pasado anunció intervenciones por casos de polución sonora, situación que aquejaba (y aqueja) a varias comunidades del municipio de acuerdo a las insistentes denuncias y quejas ciudadanas que se reciben cotidianamente en la institución.
En ese momento, anunciaron que las intervenciones se realizarían los días viernes y sábado o en forma aleatoria, teniendo en cuenta los puntos críticos y las denuncias recibidas. Los recorridos se harán en forma sorpresiva, debido a casos reiterativos a falta de un trabajo sistemático y conjunto que requiere el apoyo de la fuerza pública en ciertos sectores de flagrante reincidencia.
“El equipo municipal de control e intervención hará su recorrido permanente en la vía pública y lo integran fiscales de Gestión Ambiental y agentes de la Policía Municipal de Tránsito, además de tener en perspectiva la coordinación futura del trabajo con la Policía Nacional”, mencionaron desde la institución municipal.
Cada cierto tiempo, la Municipalidad comparte en sus redes los procedimientos relacionados a estas transgresiones.
Por Ordenanza N° 028/2020 aprobada por la Junta Municipal, se modifica y amplía la ordenanza 23/92 que reglamenta el control de ruidos molestos dentro del distrito de Ciudad del Este. El objetivo de la Ordenanza es controlar la emisión de ruidos molestos y polución sonora capaces de dañar la salud de las personas y generan perjuicios al ambiente.
La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ciudad del Este recuerda la vigencia de la Ley 1100/97 “De Prevención de la Polución Sonora” y la ya mencionada Ordenanza 23/92 J.M “Ruidos molestos”.
Los infractores son pasibles de sanciones previstas, que van desde la clausura de los locales que causan ruidos por encima de los límites permisibles y prohibición de circular durante seis meses, a los rodados infractores y multas de hasta G. 4.217.000.
Actuar de la Policía
La Ley 6.390/2020 otorga a la Policía Nacional competencias para actuar de oficio o a través de denuncias a modo que persista la emisión de ruidos capaces de afectar el bienestar.
Los pasos que seguirá la policía ante una denuncia de polución sonora será como sigue:
- El afectado/a deberá llamar al 911 o a la comisaría jurisdiccional requiriendo la intervención.
- Una patrullera acudirá al sitio con el equipo y realizará la medición de los niveles de decibeles.
- Verificadas las mediciones se procede a la advertencia para que bajen el sonido.
- En caso de reincidencia, la policía volverá (previa llamada al 911, nuevamente)
- Volverá a tomar los decibelios y en caso que los parámetros estén por encima de los permitido el equipo imprimirá una boleta que será documento suficiente para adjuntar al acta de procedimiento .
- El acta se remitirá a la municipalidad y al Ministerio Público.
Según el portal oficial de la Policía Nacional, las denuncias por ruidos molestos al 911 son las segundas más frecuentes dentro del sistema. Teniendo en cuenta lo suscrito en la ley, además de la elaboración del acta para su posterior remisión al municipio y al Ministerio Público, la policía podrá secuestrar equipos de audio.
“Si está en la vía pública y vuelve a reincidir la Policía ya tendrá esa facultad de incautar esos dispositivos de audio y ponerlos a disposición de la fiscalía. Si está en un recinto privado vamos a necesitar la autorización del agente fiscal para que podamos proceder en consecuencia”, contó a la 98.5 ABC fm el comisario Inspector Carlos Benítez de la Dirección General de Planeamiento y Control de la PPNN.
De igual manera, a pesar de toda la reglamentación vigente, la cantidad de denuncias de esta problemática parece sobrepasar la fuerza de la ley, que parece no ser suficiente ante la insensatez de la gente que pone música a volúmenes insensatos.
