La solicitud del préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo y a la JICA fue presentada por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez en su carácter de nexo del Poder Ejecutivo con el Congreso Nacional. A la presentación de este pedido al presidente del Senado, Óscar Salomón, se sumó una comitiva de autoridades.
Se presentaron el senador Javier Zacarías Irún y el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, como autoridades vinculadas al Alto Paraná. También estuvo la diputada Kattya González y otros legisladores.
El proyecto para el cual se solicita el millonario préstamo está siendo gestionado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP S.A.) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) desde hace 13 años. El estudio de factibilidad de este proyecto inició en 2009 y el informe con los resultados se presentó oficialmente en 2010.
Con la sequía que viene arrastrando la región y los problemas de acceso a agua potable en Ciudad del Este, la Municipalidad retomó este proyecto que estaba dormido en los cajones del MOPC y la ESSAP. Según el director general de la Comuna, Daniel Pereira Mujica, tomaron conocimiento del proyecto en reuniones con representantes de la JICA.
El intendente solicitó recursos para la implementación en una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el ministro de Obras, Arnoldo Wiens, el gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken y otras autoridades. De aquella reunión surgió el compromiso del Poder Ejecutivo de solicitar el préstamo al Congreso Nacional, hecho que se concretó este miércoles con el pedido de aprobación del préstamo internacional presentado por el vicepresidente.
La implementación del proyecto demanda una inversión de 200 millones de dólares y será financiado por la JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el acuerdo firmado con el MOPC el 27 de agosto de 2020. El BID otorgará un préstamo de 115 millones de dólares y la JICA aportaría 85 millones de dólares, conforme a los documentos.
A puertas de unas elecciones generales, con autoridades que también son precandidatos/as, la gestión de este proyecto tiene un fuerte tono proselitista. El estudio de factibilidad finalizó ya en 2010 y el proyecto dormía en los cajones del Ministerio de Obras Públicas y la Essap desde entonces. ¿Se logrará la ejecución de las obras esta vez o quedará en una promesa electoral? ¿Cuánto tiempo demorará la adaptación del proyecto a las condiciones actuales del territorio? Mientras las autoridades se mueven al ritmo de la burocracia y de sus intereses electorales, la población sigue padeciendo la falta de acceso a agua potable y por ende la violación de un derecho humano fundamental en uno de los territorios más ricos del país.
