Familiares y amigos de Evelyn Andrea Delgadillo (26) exigen una investigación rigurosa para identificar la real causa de muerte de la joven, quien fue detenida en un allanamiento y en menos de 24 horas, fue encontrada muerta en una celda de la Senad. Este no es un caso aislado. En Paraguay, de 2013 a 2020, 392 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del sistema penitenciario, según un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura.
Evelyn Andrea Delgadillo, conocida por sus amigos como Andy Luna, fue detenida en un operativo realizado por agentes de la Senad y la Fiscalía, en Capiatá. La joven fue privada de libertad junto a otras personas, entre ellas su pareja, de nombre Oscar Mathías Barrios López.
La madre de la joven recibió una llamada telefónica anónima en la que una persona le dijo que su hija se quitó la vida en una celda de la Senad. La versión del supuesto suicidio fue sostenida por agentes de la Senad, quienes expresaron que la encontraron en el baño aún con signos vitales, y la llevaron a un sanatorio cerca de la terminal de ómnibus de Asunción.
Familiares de la víctima no tuvieron acceso al cuerpo de la joven hasta este jueves en horas de la mañana, en la morgue judicial. El médico forense, Pablo Lemir realizó una autopsia, a través de la cual concluyó que la causa de muerte fue asfixia.
En un comunicado público, familiares y amigos de Andy expresaron que: “No podemos confiar plenamente en la objetividad del trabajo del Ministerio Público, sus fiscales y forenses. El actuar de Pablo Lemir, Jalil Rachid y otros fiscales en sonados casos y la situación actual de la Fiscalía, nos obliga a desconfiar. El ocultamiento de información, la casi nula comunicación de lo ocurrido a la familia, las versiones contradictorias que nos llegan desde adentro y afuera de las instituciones, refuerzan las dudas”.
Reiteraron su pedido de una exposición clara de todos los elementos con los que cuentan las instituciones. “Queremos esclarecimiento de la muerte de nuestra querida Andy, que en cualquier caso, es responsabilidad de las autoridades públicas, ya que la misma ocurrió estando ella bajo custodia de las autoridades. El resguardo de su vida e integridad era responsabilidad de quienes la tenían detenida”, señala el comunicado.
Solicitan a las autoridades del Ministerio Público y la SENAD, que informen con claridad y detalle sobre todas las actuaciones llevadas a cabo por sus agentes desde la detención de la joven hasta la fecha, los nombres de los agentes a cargo durante la muerte, las órdenes judiciales y comunicaciones formales, y sobre todo, las imágenes de las cámaras de circuito cerrado de la SENAD, (desde la llegada hasta la salida de Andy) que podrían esclarecer sin dudas los hechos que llevaron a su muerte.
Además, convocan a una manifestación por el esclarecimiento y justicia para Andy, para este sábado 16 a las 17:00 horas frente a la sede central de la SENAD.
Patrón de impunidad en muertes bajo custodia del Estado Paraguayo
Un total de 392 muertes dentro del sistema penitenciario fueron identificadas del 2013 a 2020, por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. Los datos fueron publicados en el informe “Muertes bajo custodia 2013-2020 – Registro Nacional de Personas Fallecidas en Instituciones de Privación de Libertad en la República del Paraguay”.
La investigación del MNP identifica varias categorías de responsabilidad estatal en estas muertes. Un total de 221 muertes en reclusión, fueron por omisión en la posición de garante del derecho a la salud, 110 por omisión en la posición de garante en las medidas de seguridad preventiva de la violencia entre personas privadas de libertad, 18 por omisión en la posición de garante en la prevención de siniestros y 5 por uso de la fuerza letal por parte de agentes penitenciarios.
Las instituciones penales donde se produjeron la mayor cantidad de muertes entre el 2013 y el 2020 son Tacumbú (145), Ciudad del Este (31), CERESO – Itapúa (29). La mitad de las personas fallecidas tenían entre 16 y 35 años de edad.
El MNP también encontró que existe un patrón de impunidad en el Estado, en los casos de muerte bajo custodia. “Se detectó un grupo de causas en las que se abrió, efectivamente, una carpeta fiscal pero al mero efecto formal, sin que exista ni se realice una genuina investigación. Esto ocurrió principalmente en los casos de muertes en las que se presume fueron ocasionadas por suicidios, lesiones autoinfligidas o siniestros”, señala el informe.
Es justamente la categoría en la que se encuadra el reciente caso de Andy, la joven hallada muerta en una celda de la Senad. El informe también identificó casos de supuestos suicidios, que a partir de la intervención del Ministerio Público se determinó que se trataba de homicidios.
“Estas causas acabaron en la desestimación o el archivo luego de una escasa o nula actividad investigativa. Las acciones se limitaron a la intervención del médico forense, sin autopsia y la validación del informe del hecho remitido por la autoridad penitenciaria, sin contrastar deninguna forma la versión oficial”, expresa el informe del MNP.
En ese sentido, el MNP recomienda al Ministerio Público que el Fiscal General del Estado ordene que se abran investigaciones fiscales en todos los casos de muertes de personas privadas de libertad en custodia del Estado, para verificar o descartar las eventuales responsabilidades penales de personas de los funcionarios públicos intervinientes y/o de personas privadas de libertad.
