El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU se concibió para asegurar un trato homogéneo a todos los países cuando se evalúan las situaciones de derechos humanos y es uno de los elementos clave del Consejo, que recuerda a los Estados su responsabilidad de respetarlos y garantizar libertades fundamentales.
El objetivo final de este mecanismo es mejorar la situación de derechos humanos en todos los países y abordar las situaciones donde los mismos no son respetados. En la actualidad, no existe ningún otro mecanismo universal como éste.
Este miércoles, se realizó la sesión internacional del Consejo de DD.HH. de las Naciones Unidas para evaluar a Paraguay, donde representantes de los estados participantes hicieron recomendaciones al Estado Nacional.
Para este viernes 7 de mayo, está prevista la presentación del informe sobre nuestro país. El documento está siendo elaborado por los representantes de Alemania, Namibia y Uruguay. Así también, para el 21 de mayo se prevé la distribución del informe vía digital.
El Estado tiene la responsabilidad principal de implementar las recomendaciones incluidas en el resultado final. El EPU se asegura de que todos los países rinden cuentas sobre sus progresos o falta de progreso a la hora de implementar estas recomendaciones.
Amnistía Internacional informó que Paraguay aceptó 188 de las recomendaciones recibidas en el EPU anterior; dos de las cuales señaló como de formulación imprecisa; no aceptó cuatro relacionadas al acceso al aborto y 1 recomendación remitió al Congreso Nacional.
Los informes alternativos de organizaciones civiles
Un total de 15 organizaciones de la sociedad civil presentaron informes alterativos al Estado, para reportar sobre la situación de los derechos humanos en el país ante la ONU. Entre ellas se encuentra Amnistía Internacional, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), entre otras.
CDIA informó que en Paraguay la situación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia es crítica en muchos aspectos, con niveles importantes de desigualdad, pobreza, exclusión y violencia que van en aumento.
Entre los casos más graves, se reportó el asesinato de dos niñas durante un operativo realizado por las Fuerzas de Tarea Conjunta, hecho que sigue sin ser investigado por el Estado.
Por su parte, Amnistía Internacional señaló que desde su último ciclo de revisión, el Paraguay registró avances normativos y acciones que implementan algunas de las recomendaciones aceptadas. Sin embargo, no con todas tuvo el empeño suficiente para concretarlas, puesto que los grupos en particular situación de vulnerabilidad señalados en el ciclo anterior, siguen sufriendo violaciones a sus derechos humanos.
La organización llamó la atención sobre las violaciones a derechos de Pueblos Indígenas; la insuficiente protección a niñas, niños y adolescentes, sobre todo en lo relacionado a abusos sexuales y educación integral de la sexualidad; discriminación, en particular respecto a políticas de género y de diversidad sexual; protección de personas defensoras de DDHH.
A su vez, Codehupy presentó dos informes alternativos que plantean recomendaciones como: Designar un nuevo Defensor del Pueblo, mediante una selección transparente, participativa y que garantice competencia y trayectoria en la defensa de los derechos humanos. También, garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos, combatir la impunidad asegurando la investigación pronta, exhaustiva y transparente de todos los asesinatos y vulneraciones cometidos contra defensores de los derechos humanos, el enjuiciamiento de los autores y el acceso de las víctimas a recursos efectivos.
Durante la sesión de este miércoles, Paraguay recibió 18 recomendaciones de los Estados participantes para aprobar una ley contra toda forma de discriminación, según informó la abogada Mirta Moragas, quien acompañó la transmisión. Indicó que la mayoría de las recomendaciones señalaron que debería incluir expresamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
