Una denuncia formulada por Fátima María González ante el Ministerio Público es un caso concreto que permite ilustrar la vulneración de datos personales. Ella denunció primero ante la Policía Nacional que el 16 de agosto de este año, sufrió el hurto de varios documentos, entre ellos su cédula de identidad civil.
Días después de la pérdida de sus documentos, le llamaron para informarle que su documento fue utilizado para solicitar un crédito de CrediCash. Luego, le llamaron de la empresa TIGO para un servicio de internet y le dijeron que tenía una deuda de 222.540 G. Solicitando más información, le informaron que el servicio de internet ya fue instalado en una vivienda de San Lorenzo.
Ella solicitó que cancelen el servicio, le dijeron que un funcionario de la empresa estaría verificando como se vulneró el sistema pero no le dieron una solución definitiva. Finalmente, con mucha preocupación por impunidad con que una persona desconocida utiliza sus datos sin su consentimiento para solicitar servicios y créditos, ella denunció esta situación en la Fiscalía.
La urgencia de una ley de protección
“Este es un ejemplo más del por qué nosotros como organización, exigimos y reiteramos la necesidad de una ley integral de protección de datos personales, que actualmente en Paraguay no existe. Paraguay tiene un marco legal muy débil que solamente se limita a garantías al respecto de datos crediticios, pero finalmente es una ley que no está del todo reglamentada, que tampoco tiene la fuerza y aplicación, entonces en la práctica no es existente”, comenta Eduardo Carrillo, co-director de la Organización TEDIC.
Carrillo expresa: “Los datos personales están en el centro del funcionamiento de la economía digital y sobre cómo coexistimos con infraestructura digital. Entonces debemos poner la mayor atención y la mayor protección a esos datos personales para que no caigan en abusos”.
Con relación al caso expuesto inicialmente, Carrillo agrega las empresas no aplican protocolos de protección de datos: “Más allá del robo físico, tienen que haber otro tipo de protocolos en las empresas, que justamente habiliten un consentimiento informado de la persona, para que ellos puedan tener también un OK explícito de la persona de que está entregando esos datos y validarlo. En este caso hubo suerte porque le avisaron a su número pero más allá de eso, la cuestión de fondo es que hay una desprotección y que los datos fluyen sin control”.
Indica además, que hay abusos en distintos niveles: “Desde las empresas que solicitan más datos de los que son necesarios para por ejemplo, habilitar a un trabajador. Hay empresas tercerizan el servicio de recolección de datos de salud de sus trabajadores, también están quienes inscriben sus datos en un torneo de futbol y aparecen después afiliadas en un partido político. Las personas necesitan garantías de que el dato que brindan será solamente usado para ese fin y no para otros fines”.
Actualmente la Fiscalía cuenta con una Unidad de Delitos Informáticos, pero no tiene presencia en todo el país y también tiene una configuración penal con limitaciones. “No abarca la totalidad de la cuestión de datos personales y además las bases de datos no son solo digitales, hay formularios que aún se llenan a mano y que son archivados en lugares que se desconocen”, indica Carrillo.
Como alternativa de solución a esta problemática, desde la coalición de datos personales y en un proceso participativo, diseñaron un proyecto de ley que esté a la altura de los desafíos de este siglo, de esta era digital. “Ahora está en la Cámara de Diputados en proceso de estudio. En Paraguay no podemos hablar de Protección de datos, sin esa ley. Es una ley que se crea desde la sociedad civil y también con aporte de instituciones públicas y privadas. Es una salvaguarda básica que necesitamos y que tiene que aprobarse, sobre todo que para cuando las personas se ven vulneradas, tengan una entidad a la cual recurrir y que se encargue de hacer el seguimiento, por qué ese dato no fue cuidado”, afirma.
Entre los delitos que se cometen con el uso indebido de datos personales, está desde el robo de identidad, el hackeo de una cuenta hasta cuestiones de discriminación, también están los llamados sin consentimiento para ofrecer servicios.
