Las conversaciones iniciaron en el marco del Proyecto Prevención del Embarazo Adolescente, liderado por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación y Ciencias. El proyecto cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Secretaría Departamental de Niñez y Adolescencia de la Gobernación de Caaguazú.
La fiscal Estela Mary Ramírez participó en representación de la Unidad Especializada contra Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público. También participaron representantes de la CODENI y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
El acuerdo final se logró luego un diálogo de 3 días, en la Comunidad Indígena Punta Pora, distrito de Juan Manuel Frutos, Caaguazú. Participaron los miembros de la Asociación Territorial Pueblos Originarios, Asociación Ñogueroi Pave’i y las Comunidades Independientes.
A partir del acuerdo al que llegaron el pasado 26 de agosto, las niñas indígenas ya no serán tomadas como esposas a partir de su primera menstruación (lo cual afectaba en algunos casos a niñas desde los 9 años). A partir de ahora, con el cambio de la norma en forma consensuada, recién a partir de 15 años, las mujeres podrán tener autorización o venia para contraer matrimonio.
Además, los diferentes líderes se comprometieron a trabajar con sus comunidades sobre esta nueva norma interna, que fue suscrita por ellos mismos.
La agente fiscal Estela Mary Ramírez calificó como “un paso importante e histórico en protección de las niñas, puesto que el cambio de esta norma ayudará a crear más conciencia contra el Abuso Sexual Infantil contra las niñas indígenas”.
El proceso de mediación llevó varios meses y desde el Estado, se contempló el Derecho Consuetudinario de los Pueblos Indígenas, así como el artículo 63 de la Constitución Nacional “De la identidad étnica”: “Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena”.
Este acuerdo fue impulsado con el objetivo de avanzar en la protección y atención de las niñas y adolescentes para evitar el embarazo precoz, ya que esta situación influye negativamente en la salud y educación, impactando directamente en sus condiciones de vida.
