La fiscala Patricia Sánchez imputó al senador Hernán David Rivas Román, acusándolo de utilizar un certificado de estudios y un título de abogado presuntamente falsos para asumir cargos de relevancia jurídica en el país. Rivas, quien incluso llegó a ser juez de jueces en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), se encuentra desde hace tiempo en el centro de un escándalo que cuestiona su idoneidad académica y profesional.
La imputación, que incluye cargos por la producción y uso de documentos públicos de contenido falso, surge tras la investigación del Ministerio Público que encontró indicios suficientes para afirmar que Rivas habría falsificado su matrícula de abogado, su título de grado y el certificado de estudios.
Estos documentos presuntamente falsificados le permitieron representar a las cámaras legislativas ante el JEM, un órgano encargado de juzgar a jueces y fiscales.
El caso se complica con la insistencia del senador en la autenticidad de sus papeles, a pesar de no haber presentado evidencia clara que soporte sus afirmaciones, y su notable dificultad para articular una defensa convincente ante el Congreso. La Universidad Sudamericana, donde supuestamente cursó Derecho entre 2010 y 2015, no cuenta con registros que corroboren su paso por la institución.
El proceso de tramitación del certificado de estudios de Rivas, que comenzó el 8 de junio de 2020 y culminó al día siguiente, así como la ausencia de documentación académica, han aumentado las sospechas sobre la veracidad de sus credenciales.
Además, se cuestiona que estos documentos hayan sido suficientes para que Rivas convenciera a ambas cámaras legislativas para su ingreso al JEM.
La fiscala Sánchez ha enfatizado la gravedad del caso, dado que afecta la integridad del sistema de justicia. El acceso de Rivas a la dignidad de juez de jueces, sin contar presuntamente con la formación requerida, es un asunto que la Constitución no toma a la ligera.
Ahora, la Fiscalía solicita al Senado el desafuero de Rivas, ya que su posición como legislador le otorga inmunidades que le impiden ser procesado. Con un Congreso dominado mayoritariamente por cartistas, el desafío es mayúsculo.
La Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el senador Colym Soroka, ha indicado que se pondrá a votación una sesión extraordinaria para tratar el desafuero de Rivas si la solicitud llega antes del miércoles próximo.
Existe un precedente en el caso de Rivas, quien ya enfrentó un proceso de pérdida de investidura el año pasado, salvado únicamente por la mayoría cartista que decidió rechazar la medida.
Ahora, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta deberá emitir un dictamen, siendo necesarios 30 votos para el desafuero, en el caso de que estén presentes los 45 legisladores.
Siendo considerado por muchos como un “protegido” de la cúpula cartista y del mismo Ejecutivo, Rivas ha contado con un respaldo que trasciende el ámbito legislativo. El presidente Santiago Peña, enfrentando las crecientes dudas sobre la legitimidad del título del senador, llegó a expresar públicamente que la situación no le causaba vergüenza alguna.
Su apoyo incondicional quedó evidenciado al defender la elección de Rivas como titular del JEM, aun cuando su capacidad académica ha sido cuestionada reiteradamente. Este apoyo desde el más alto nivel político no hace más que plantear serias preguntas sobre la integridad y los criterios de selección para los roles judiciales clave en el país.
