La denuncia fue formulada en noviembre de 2021 y desde entonces, la fiscal Julia Bernardina González, no realizó las diligencias necesarias para avanzar en el proceso investigativo. En el momento de la denuncia, el presunto acosador ocupaba el cargo de director de Planificación de la Gobernación de Alto Paraná, durante la gestión de Roberto González Vaesken (ANR).
La víctima era funcionaria comisionada a la Gobernación para habilitar una oficina departamental de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) cuando –según la denuncia- fue acosada por el director. A raíz de la situación, la afectada tuvo que dejar el trabajo porque no recibió la protección necesaria y muy por el contrario, la propia coordinadora del Área Mujer de la Gobernación, defendió públicamente al presunto acosador.
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“Desde noviembre de 2021 es la denuncia y aún no hay imputación. Hay todo en el expediente para sustentar una imputación, informes psicológicos, declaraciones de testigos pero no se animan a imputar obviamente por presión política, porque este personaje es político”, expresó la abogada Noemí Barreto, quien ejerce la defensa de la denunciante.
Ante la dilación de la Unidad Fiscal Nro. 11 en el proceso investigativo, la defensa solicitó tiempo atrás a la Fiscalía Adjunta, que intime a la fiscal Julia Bernardina González para que realice las diligencias necesarias.
“Quedó todo parado, hizo algunas que otras diligencias, está solicitando una Junta Médica hace meses, para revisar los estudios psicológicos que presentamos en el expediente. Buscan y buscan excusas para extender todo esto y hacer nada. Dijeron que estaban preparando la imputación y después dicen que el expediente es muy controvertido y todo eso nos llevó a decidir recusar a esta fiscala”, comentó la abogada.
La recusación contra la fiscal Julia Bernardina González fue presentada este viernes por la defensa de la denunciante, ejercida también por el abogado Mauro Barreto. También denunciaron a la agente del Ministerio Público por faltas graves, debido al nulo avance de la investigación en un año y dos meses que cumple el expediente en la institución.
“La falta de resolución de las denuncias hace que muchas personas ya ni quieran denunciar. Encima revictimizaron a la denunciante, porque le llamaron tres veces a declarar y le preguntaban cosas que ella ya había dicho”, expresó la abogada Noemi Barreto.
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