Ana María Morra, viuda del periodista fallecido y el hijo, Dante Leguizamón, declararon ante los jueces de la CIDH en una audiencia que fue transmitida a través de las redes sociales de la instancia internacional. La defensa estuvo a cargo Hugo Valiente y Julia Cabello, abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). En representación del Estado paraguayo, estuvo el procurador general de la República, Juan Rafael Caballero González.
La primera en declarar fue la señora Ani Morra, quien describió a Santiago Leguizamón como un periodista comprometido con su profesión y un padre responsable, que cuidó a su familia de los riesgos que representaba su trabajo en una zona fronteriza controlada por el narcotráfico como Pedro Juan Caballero.
Comentó detalles de la información que manejaban con relación a las amenazas hacia Leguizamón, la desconfianza hacia el Estado y sus instituciones, así como las grandes dificultades que tuvo que enfrentar para sostener su familia y criar a sus hijos luego del crimen de su marido, sobrellevar la impunidad y juntar fuerzas para presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Llegado su turno, Dante Leguizamón relató lo que significó para él la pérdida de su padre a los 13 años de edad. Expresó que aun siendo abogado y especialista en derechos humanos, le costó 20 años asumir la responsabilidad de llevar el caso del asesinato de Santiago a instancias internacionales, ante la impunidad en Paraguay.
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Mencionó con nombre y apellido a los presuntos asesinos del periodista y denunció la negligencia del Estado paraguayo que no investigó el crimen y dejó el caso en total impunidad. La familia Leguizamón Morra hizo llegar al Gobierno Nacional un pedido oficial con medidas de reparación integral por los daños y para evitar la repetición de crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, estos pedidos no fueron considerados.
El abogado Dante Leguizamón expresó que la familia resignificó el crimen: “Necesitamos que la vida y la muerte de Santiago sirva para proteger a periodistas en zona de frontera, debe servir para discutir la aglomeración de medios de comunicación en pocas manos. Luchar contra la impunidad y que deje de ser tan sencillo matar periodistas”, expresó.
Denunció que existe una mesa de seguridad de periodistas, pero que carece de una coordinación específica y no tiene presupuesto, que las medidas que se otorgan ante amenazas se limitan a una seguridad policial. “A veces las propias autoridades que amenazan tienen estrecho contacto con la policía. No hay otras estrategias para abordar las amenazas y atentados a periodistas en frontera y ciudades céntricas. Un presidente de hace unos años, en pleno discurso amedrentó a periodistas para que dejen de hablar sobre distintos temas”, dijo.
Recordó que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tiene los expedientes de asesinatos a periodistas y es la unidad con mayor cantidad de casos paralizados. Cuenta con 3 fiscales para todo el país, un solo móvil y falta voluntad política.
“El asesinato de Santiago ha tenido un impacto muy importante. Como abogado me entrevisté con muchísimos periodistas en Pedro Juan, en Asunción y en la zona norte. Te dicen: ‘no podemos hacer el periodismo que hacía tu padre. Nos autocensuramos porque nuestra vida está en peligro constante’. El asesinato se produce en la primavera democrática, en abril del 91, cuando ya cayó la dictadura y fue un balde de agua fría. Se siguió matando periodistas en Paraguay y las investigaciones tienen un patrón de impunidad importantísimo, en que ni siquiera se profundizaron las hipótesis planteadas por los familiares de las víctimas”, afirmó.
Al cerrar la diligencia, la Corte dispuso un plazo hasta el próximo 25 de abril para la presentación de los alegatos finales.
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