En la noche del 15 y madrugada del 16 de julio pasado, se produjo una balacera entre efectivos de la Marina y presuntos contrabandistas (según la versión de las Fuerzas Militares), a orillas del río Paraná en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. En ese supuesto enfrentamiento, recibió un disparo en la cabeza el infante de la Marina, Marcos Agüero de 22 años, quien posteriormente falleció en el Hospital Regional.
A raíz de la muerte del joven marino, efectivos de las Fuerzas Militares, así como agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, irrumpieron en varias viviendas del barrio San Miguel, sin orden judicial de allanamiento ni presencia de la Fiscalía, en busca de los presuntos homicidas.
Esa madrugada, 35 personas fueron detenidas y llevadas hasta la base naval de Ciudad del Este, donde según los testimonios sufrieron golpes de todo tipo, cintarazos, punzadas con picaña eléctrica, entre otras violencias por parte de agentes de la Marina.
Informe del MNP concluye que hubo tortura
Una comitiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) visitó el barrio San Miguel, días después de lo ocurrido, y realizó un relevamiento de testimonios de las personas afectadas.
Las víctimas fueron evaluadas por una médica forense, que registró los golpes y secuelas que quedaron en el cuerpo de las personas detenidas ilegalmente y llevadas a la base naval.
El informe del MNP registra el testimonio de la mayoría de las víctimas, la evaluación forense y concluye que los hechos relatados constituirían con claridad hechos de torturas, tipificados en el artículo 309 en concordancia con la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes (Ley Paraguaya Nro. 69/89) y el artículo 5 de la Convención Interamericana para Sancionar la Tortura (Ley Paraguaya Nro. 56/90, refrendado lo establecido en la Constitución Nacional “De la tortura y otros delitos. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
El MNP manifiesta su preocupación por las acciones del Ministerio Público, que enmarcó los hechos en imputaciones por violación de la cuarentena y resistencia, sin considerar las afecciones físicas y marcas en el cuerpo de los detenidos, entre quienes había incluso adolescentes.
Presentación del informe en la comunidad
Este informe fue presentado ayer, por el comisionado del MNP, Abog. Dante Leguizamón, quien estuvo acompañado del Abog. Walter Isasi, de CODEHUPY y el educador Carlos Flecha, perteneciente a la ONG Callescuela. La presentación se realizó en el Centro Comunitario Santísima Trinidad del barrio San Miguel, durante una reunión con los vecinos, que fueron víctimas del atropello de las Fuerzas Militares y Policiales.
Varios vecinos manifestaron que quedaron con graves secuelas, que hoy les impiden trabajar con normalidad. Según señalaron, tampoco tienen novedades del proceso penal, ya que el expediente se encuentra en la Fiscalía de Derechos Humanos en Asunción. A tres meses de lo ocurrido, ningún marino fue imputado por los hechos de violencia militar registrados en las viviendas y en la base naval.
El informe del MNP será entregado a la Fiscalía, como un aporte al proceso penal ya que cuenta con elementos relevantes que podrían contribuir a la investigación. En cuanto a las recomendaciones, el Mecanismo recomienda a la Comisión de Derechos Humanos del Senado “impulsar la creación de una comisión bicameral de investigación o una comisión independiente de investigación ante la gravedad de los hechos ocurridos, a los efectos de asegurar medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
También se recomienda al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Mario Abdo Benítez y autoridades militares, identificar a todos los intervinientes de los procedimientos realizados el 15 y 16 de julio, a fin de ponerlos a disposición del Ministerio Público.
