Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas y forzadas están definidos como cualquier unión, formal o informal, en la que una o ambas partes son menores de 18 años de edad. Constituyen un problema de múltiples dimensiones: socioculturales, educativas, económicas, jurídicas, de salud, entre otras, que confronta con una débil institucionalidad pública, la falta de acceso a derechos y la desprotección de una gran proporción de niñas, niños y adolescentes en el país. Además, representan una forma de violencia hacia la infancia y la adolescencia.
El informe de investigación “Invisibles a plena luz”, publicado en agosto de 2021 por la organización Plan Internacional analiza esta problemática y aborda su impacto en la educación de las niñas y adolescentes afectadas. Señala que hay casos de niñas y mujeres en unión que siguieron y siguen estudiando, pero con mucha dificultad. “La mayoría abandonó la escuela o el colegio al unirse –con mayor razón en caso de embarazo–”, indica el documento.
El informe realizado a partir de entrevistas a niñas y adolescentes, revela que aquellas en unión forzada “se ven ante la necesidad de asumir las responsabilidades domésticas y de cuidado de sus hijos en condiciones de precariedad y con poca experiencia previa en este tipo de actividades. Incluso hay situaciones en las que deben asumir tareas para cubrir necesidades de otros miembros de la familia, cuando, por ejemplo, se trasladan a la casa materna de la pareja”.
Agrega que: “Sumado al trabajo doméstico, al trabajo informal y a las tareas de cuidado de los hijos, estas niñas y adolescentes experimentan aislamiento social, falta de momentos de recreación, pérdida del grupo de amigas y amigos, entre otras situaciones. Pasan la mayor parte del tiempo encerradas en sus casas, tratando de sobrevivir con los escasos recursos disponibles, y sometidas a las expectativas de sus parejas y de la sociedad, que las obligan a asumir un rol de señoras”.
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