La idea que planteaba el último informe presentado por el BCP a la Conasam indica que corresponde un reajuste del sueldo base vigente, debido a que la inflación interanual de mayo pasado fue del 3.7%, mientras que la suba de precios acumulada desde el último ajuste del salario mínimo fue de un 4,4%.
Es importante remarcar que la Ley 5.764 del Código de Trabajo establece que en el mes de junio de cada año los miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo (Conasam) deben reunirse para analizar el reajuste del salario básico en función al IPC anual, que posteriormente es remitido al Presidente de la República, quien finalmente tomará la decisión en base a las recomendaciones hechas por el citado Consejo.
“Después de un intenso debate y de generación de políticas públicas en beneficio de los trabajadores para poder justamente crear mejores condiciones salariales y laborales en todos los sectores estamos aquí para elevar una recomendación al Poder Ejecutivo a fin de que el presidente de la República por medio de un decreto determine el reajuste salarial en cuanto al monto que empezará a regir desde el 1° de julio“, aseguró Karina Gómez, presidenta del Consejo Nacional del Salario Mínimo.
El Consejo Nacional del Salario Mínimo está integrado por un representante del Estado, en este caso la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), por un representante de los trabajadores y uno de los empleadores; los dos últimos son elegidos en sus respectivos gremios. Participaron de la reunión la directora de Trabajo, Karina Gómez, presidenta de la Conasam, Ramón Avalos, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y Enrique Vidal de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
En el último reajuste, realizado en el año 2019, la Conasam había recomendado un 3,8% que fue respetado por el Poder Ejecutivo. A raíz de la pandemia, el Consejo decidió no recomendar el reajuste del Salario Mínimo Legal (SML) en el 2020.
Aproximadamente 250.000 trabajadores son los que perciben el salario mínimo legal entre trabajadores de empresas privadas y trabajadoras domésticas a nivel país.