Paraguay se encuentra entre los países con mayor porcentaje de cesáreas de América Latina, según un estudio basado en cifras de la Organización Mundial de la Salud y Unicef, publicado en la revista Lancet. La OMS estima una proporción máxima de 15% de partos por cesárea necesaria por motivos médicos. Sin embargo, nuestro país llegaba a un 45,9 % en 2015.
Elegir un parto normal o una cesárea se tornó cada vez más difícil en Paraguay, por una serie de condicionantes vinculados a la infraestructura y calidad de los servicios de salud, la formación del personal médico, la disponibilidad de recursos económicos de la mujer gestante y el acceso a la información.
La Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia tipifica en su Artículo 6º la violencia contra los derechos reproductivos y la violencia obstétrica.
La violencia contra los derechos reproductivos es –según la ley- la acción que impide, limita o vulnera el derecho de la mujer a: 1) Decidir libremente el número de hijos que desea tener y el intervalo entre los nacimientos; 2) Recibir información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida del mismo, parto, puerperio y lactancia; 3). Ejercer una maternidad segura; 4) Elegir métodos anticonceptivos seguros o que impliquen la pérdida de autonomía o de la capacidad de decidir libremente sobre los métodos anticonceptivos a ser adoptados.
En cuanto a la violencia obstétrica, la ley la define como: “la conducta ejercida por el personal de salud o las parteras empíricas sobre el cuerpo de las mujeres y de los procesos fisiológicos o patológicos presentes durante su embarazo, y las etapas relacionadas con la gestación y el parto. Es al mismo tiempo un trato deshumanizado que viola los derechos humanos de las mujeres”.
La abogada Noemí Barreto comenta que la violencia obstétrica se encuentra muy naturalizada e invisibilizada en nuestro país. “Los casos más comunes de violencia obstétrica son las cesáreas injustificadas, la desatención médica, la separación inmediata del bebé de la madre, la evitación de la lactancia materna y prohibición del acompañamiento durante el parto”, señala.
Comenta que la prohibición de una persona que acompañe a la mujer en el momento del parto se ha acentuado muchísimo en estos tiempos de pandemia. “Los hospitales utilizan la pandemia como justificativo para prohibir la presencia de un acompañante. Sin embargo la OMS, que es la máxima autoridad internacional en materia de salud ha dejado bien en claro que todas las mujeres, incluso las que tienen covid, tienen derecho a dar a luz acompañadas. Por otra parte, y a nivel nacional, no existe ninguna resolución del Ministerio de Salud que prohíba a la mujer dar a luz acompañada”, recuerda.
Ella recomienda que ante un caso de violencia obstétrica, las mujeres pueden y deben denunciar en: la comisaría más cercana (Policía Nacional); el Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial (Juzgado de Paz).
Recomendaciones de la OMS para un parto respetado
La Organización Mundial de la Salud recomienda evitar la medicalización innecesaria del parto y dar autonomía de la madre para que pueda optar por un parto sin dolor. También, que la madre pueda estar acompañada de un ser querido, respetar su intimidad y permitirla elegir la postura que quiere adoptar tanto para el trabajo de parto como en el momento de pujar.
La OMS recomienda además reducir el número de cesáreas y recuerda a médicos/as los riesgos a corto y mediano plazo de la intervención quirúrgica y a las madres, que existe un derecho humano a un parto lo más natural posible y bajo su control. El organismo también señala que la episiotomía (la incisión quirúrgica que a veces se practica en la vulva para facilitar la salida del feto y evitar desgarros en el perineo) debe usarse sólo en casos extremos.