Son de diversos lugares del país, también de Capital, Central, Caaguazú y Amambay. Como personas trans, piden que sus documentos personales reflejen el nombre con el cual se identifican, recurriendo para ello al procedimiento establecido en leyes de carácter general que disponen la posibilidad de cambio de nombre para cualquier persona que así lo solicite.
El Código Civil otorga el derecho a solicitarlo por vía judicial invocando una “justa causa”. Las personas trans que lo solicitan, reivindican como una justa causa, la necesaria adecuación del nombre de pila a la identidad de género autopercibida por ellas.
Cabe señalar que tres de los casos son atendidos por Kimberly Ayala, abogada trans que tomó su juramento en 2020; otros dos casos -que ya habían sido presentados en años anteriores- son retomados por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy); y, cinco de los casos los atiende el Ministerio de la Defensa Pública.
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La actividad se enmarca en la campaña Soy Real #MiNombreDebeSerLegal impulsada por las personas que representan los casos con el acompañamiento de Amnistía Internacional Paraguay, Codehupy y la Asociación Panambi, que busca aportar al reconocimiento del Derecho a la Identidad de las personas trans, cuya denegación se enmarca en un patrón de violaciones de derechos humanos hacia las personas trans en Paraguay
