“En la calle 20 del km. 20 Acaray de Minga Guazú se construye la penitenciaría regional del Alto Paraná. Son millones de dólares invertidos en un sistema penal fallido. En contrapartida, la comunidad, como muchas otras del Paraguay, vive relegada de muchos servicios básicos que a la vez constituyen Derechos Humanos”, comentó Virgilio Cantero, integrante de la Comisión Vecinal.
Y agrega: “No contamos con sistema de agua corriente, paradójicamente, la primera obra de la penitenciaría fue un pozo artesiano de alto caudal, mientras los vecinos acarrean agua en baldes y tambores, también las comitivas oficiales cuando vienen a supervisar la obra hacen gala de camionetas 4×4 que contrastan con las motos, motocarros de los vecinos y con los que tenemos que transitar por los polvorientos o enfangados caminos”.
El reclamo de los vecinos empezó con el anuncio de la obra por parte del Gobierno Nacional. En 2019 presentaron formalmente sus reclamos e iniciaron las medidas de presión, que consisten en evitar el ingreso de los obreros a la construcción.
“Nos estamos levantando y no vamos a permitir acceso a la obra hasta que no tengamos respuestas puntuales de las autoridades respecto a las seis medidas compensatorias que hemos presentado”, comentó Cantero.
Los reclamos vecinales
Los pedidos concretos que solicitan los vecinos son: ruta asfaltada en la calle 20, agua corriente, iluminación, empleo preferencial a los miembros de la comunidad, la posibilidad de vender a la institución penitenciaria productos hortigranjeros y transporte público.
Luego de mucha insistencia, lograron este martes, una reunión con el intendente de Minga Guazú, Digno Caballero, quien acudió hasta el lugar de las manifestaciones, frente a la penitenciaría en construcción. Hubo una acalorada discusión en la que los vecinos reclamaron las falencias básicas al intendente, quien alegó que la Municipalidad no cuenta con recursos para responder a los reclamos de la comunidad.
Posteriormente, miembros de la Comisión Vecinal y el intendente, fueron a una reunión con el director de Itaipú, Federico González, quien se comprometió a lograr que la entidad binacional financie la construcción del asfaltado en el kilómetro 20. Sin embargo, esta obra estaría condicionada a su confirmación oficial como director de la hidroeléctrica.
Los vecinos quedan pendientes ante este compromiso asumido por González, se mantendrán en alerta y si en un plazo prudencial, no reciben acciones concretas, cerrarán de nuevo el acceso de los obreros a la construcción de la cárcel.
El penal que se está construyendo tendrá capacidad para 1.320 internos y la obra está a cargo del Consorcio AGB-Tocsa S.A., mediante la adjudicación de una licitación del Ministerio de Obras Púbicas por valor de G. 67.799 millones. La construcción debe finalizar en los próximos meses.
