El campamento fue levantado el pasado 23 de diciembre. La Dirección informó que obtuvieron datos que para la identificación de nuevos sitios en donde continuar la búsqueda; y ampliaron el archivo de personas detenidas desaparecidas de la mencionada dirección.
Esta excavación generó un registro audiovisual de testimonios de víctimas y de todo el trabajo de campo, que será utilizado para la producción de nuevos materiales de sensibilización en torno a la memoria, de divulgación de la historia reciente y como herramienta para generar referencias de intervención para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en Paraguay.
Se informó además que avanzaron en términos reparatorios, con la búsqueda realizada luego de 42 años de lucha de los familiares para que el Estado investigue los crímenes cometidos y sean hallados sus seres queridos. Se destacó el espacio histórico de encuentro y acción social logrado alrededor del Caso Caaguazú y la envergadura de las excavaciones, que ha derivado en el aporte de profesionales y creativos de distintos ámbitos y oficios, de forma totalmente comprometida con la verdad y la justicia.
“Estos espacios de acción colectiva que conjugan actores de diversos ámbitos, permiten ir reconstruyendo el tejido social roto por el terrorismo de Estado. La historia de resistencia y de dignidad que protagonizaron quienes se opusieron a un régimen criminal y corrupto como fue el stronista, la circulación de las historias de las víctimas y familiares de los desaparecidos desde las propias voces protagonistas, la identificación de los culpables y responsables, las reflexiones de la comunidad en torno a las consecuencias de la dictadura apuntando a la no repetición; son potentes generadores de memoria y empoderamiento social”, resalta el informe de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación.
El campamento de trabajo significó el reencuentro de la comunidad de Acaraymi, de la comunidad de Costa Rosado, y de otras víctimas de las zonas aledañas, propulsando en torno a la búsqueda concreta, un espacio propicio para el rescate de la historia compartida de solidaridad, resistencia e injusticia. Fueron recuperados archivos fotográficos de la época, imágenes de las personas detenidas desaparecidas a las cuales los familiares y víctimas accedieron por primera vez.
El informe también señala que la mencionada dirección del Ministerio de Justicia debe contar con una línea presupuestaria que asegure la continuidad de los trabajos de búsqueda y excavación sin interrupción. Tanto la memoria sobre lo ocurrido como los restos óseos de las personas desaparecidas, sufren los deterioros ocasionados por el tiempo, por las características de la tierra y el clima de Paraguay, por el arrasamiento de los bosques que ha modificado totalmente el paisaje y las condiciones geográficas de los sitios de búsqueda
Indicaron que el Estado debe redoblar esfuerzos para acabar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno comandado por Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989.
Consecuencias actuales de crímenes de lesa humanidad
La identificación de personas detenidas desaparecidas es esencial para avanzar en el juicio y castigo de los responsables y es la primera reparación a los familiares.
“Hemos constatado que las consecuencias de estos crímenes son inconmensurables y siguen afectando a las víctimas. Registramos testimonios de que existen familiares de los desaparecidos del Caso Caaguazú, que aún hoy siguen siendo discriminados en sus comunidades; mujeres que a raíz de haber sufrido múltiples violaciones y torturas perpetradas por militares, tuvieron graves afecciones el resto de sus vidas, especialmente durante el embarazo y el parto de sus hijos, sin haber recibido nunca acompañamiento de ningún tipo por parte del Estado; personas que en su niñez vivieron asediados por el avasallamiento represivo en sus comunidades, con la pérdida absoluta de sus libertades y derechos, que carecen hasta hoy de espacios para abordar y tramitar los traumas ocasionados; hijos de desaparecidos que aún no cobraron sus indemnizaciones; víctimas directas del Caso Caaguazú que aún hoy son hostigadas y despojadas de sus tierras y viviendas. La recuperación de las tierras malhabidas debe ser otra prioridad del Estado para reparar el daño ocasionado, tal como establecen las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia”, señala el informe de la DMHR.
Se destaca la importancia de la participación, en primer lugar de los familiares y en segundo de la sociedad en general, en los procesos de búsqueda, además de ser parte de los procesos reparatorios, posibilita que la ciudadanía pueda fiscalizar al Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades, y a la vez, permite dimensionar en la práctica concreta la propia responsabilidad en los procesos de fortalecimiento democrático, en este caso concreto, la comprensión de que la trasmisión de memoria se da justamente por acción de los pueblos.
La desaparición forzada es una de las más crueles violaciones a los derechos humanos. Se trata de un crimen cometido por agentes estatales, que genera graves consecuencias en perjuicio no solo de la persona desaparecida y de sus familiares, sino que lesiona a la sociedad en su conjunto.
Por lo tanto, en lo que concierne al Estado paraguayo, la obligación de buscar a las personas detenidas desaparecidas es una obligación internacional. Y como todo Estado de derecho, debe hacerlo desde un enfoque dignificador de la verdad y la justicia.
Enfatizan que los trabajos de búsqueda del Caso Caaguazú no culminarán hasta encontrar a los 10 campesinos detenidos desaparecidos en 1980 y esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos. La Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia seguirá abocada hacia acciones que impulsen la continuidad y profundización de los mismos.
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