En una serie de declaraciones que han desatado controversia en todo Paraguay, el presidente de la Cámara Alta, el senador colorado Silvio “Beto” Ovelar, ha causado indignación pública tras intentar justificar la contratación de su hijo en el Congreso Nacional, catalogando de “mediocres” a los docentes del interior del país en el proceso. El cuestionado legislador, manchado por sucesos como el de “Trato Apu’a” en donde intentó comprar cédulas, tiene 11 familiares directos en el sector público.
Sus palabras, que denigran la educación pública del interior del país, han eclipsado el reciente anuncio gubernamental de 5000 becas universitarias para 2024.
Ovelar, en un intento por explicar la contratación de su hijo Alejandro de Jesús Ovelar Ayala en la Cámara Alta, con un salario de G. 3.300.000, apeló a la calidad de educación que su hijo recibió en un colegio de élite, en contraposición a la educación “mediocre” en las escuelas del interior.
“Esas son las tiranías del mérito, de la meritocracia, que chicos como Ale van a tener un desempeño brillante porque tuvieron un colegio bueno comparado con el chico que vino de una escuela del interior, con profesores probablemente mediocres”, planteó el presidente del Congreso.
Estos comentarios han sido ampliamente condenados por la ciudadanía, que los percibe como un reflejo del alejamiento entre una clase política privilegiada y las realidades de la mayoría de los paraguayos.
Ovelar, en plena campaña política, tratando de manera diferente a los docentes del interior.
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Asimismo, no pocos han destacado la ironía implícita en las palabras del senador: si la educación en el interior del país es percibida como “mediocre”, tal deficiencia sería, en gran medida, responsabilidad del partido Colorado, al que pertenece Ovelar.
Este partido ha ejercido el poder en Paraguay durante décadas, lo que implica una gestión continua y prolongada del sistema educativo. Así, la crítica de Ovelar a la educación pública no solo ha sido vista como un ataque directo a las instituciones y estudiantes del interior, sino también como una admisión velada de las fallas de su propio partido en la mejora y mantenimiento de la calidad educativa en todo el país.
Su historial de incremento patrimonial y su involucramiento en el caso “Trato Apu’a”, donde fue filmado negociando votos no afectó negativamente al legislador, ya que fue el senador más votado en las últimas elecciones.
ADMITE POSIBLE TRÁFICO DE INFLUENCIAS
En una entrevista reciente con el medio ABC, Ovelar admitió su error en las expresiones sobre la contratación de su hijo y sugirió la posibilidad de pedir su renuncia. Sin embargo, a pesar de reconocer un posible error de juicio, Ovelar negó haber cometido nepotismo.
Cuando se le preguntó si la intervención de Raúl Latorre (presidente de la Cámara de Diputados) en el proceso podría ser considerada como tráfico de influencias, Ovelar respondió brevemente con un “y sí”.
Aclaró que Alejandro comenzó su labor en el Congreso de manera “ad honorem” como ordenanza y que fue recién este año cuando Latorre le propuso formalizar su contratación.
El caso de Alejandro no es aislado dentro de la familia Ovelar. En la actualidad, once familiares cercanos de Ovelar ocupan cargos en instituciones gubernamentales, generando un costo mensual para el estado paraguayo de G. 291.923.396.
La legislación paraguaya, a través de la Ley N° 5.295 vigente desde 2014, establece sanciones específicas contra el nepotismo en la función pública. Esta ley define el nepotismo como el acto de nombrar o contratar a cónyuges, concubinos, o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad en cargos públicos, violando las normas de acceso a la función pública.
Según el artículo 2, los funcionarios están impedidos de nombrar o contratar a dichos familiares, a menos que los nombramientos o contrataciones se realicen cumpliendo las normas legales de acceso a dichos cargos.
La ley también impone penalizaciones por nepotismo. Quienes realicen nombramientos o contrataciones en contravención a esta ley enfrentarán una inhabilitación de hasta cinco años en el ejercicio de la función pública y la anulación del acto jurídico correspondiente. Tanto el autor como el beneficiario del acto de nepotismo serán responsables de devolver solidariamente los salarios cobrados indebidamente, aplicándose la misma pena a ambos.
Esta situación ha reavivado el debate sobre el nepotismo y la influencia política en las contrataciones públicas, temas que continúan siendo puntos críticos en la política paraguaya.
