El presidente del Paraguay, Santiago Peña, ha propuesto una reforma constitucional con el fin de aumentar la autonomía financiera de las municipalidades, permitiéndoles retener el 100% de los impuestos inmobiliarios. Sin embargo, la intención despierta suspicacias en la oposición y la ciudadanía, quienes ven en esta medida un posible precedente para reabrir el debate sobre la reelección presidencial. Los antecedentes del cartismo y recientes declaraciones de líderes colorados sobre la prohibición de reelección elevan la tensión, recordando los intentos previos del Partido Colorado y el estallido del Marzo Paraguayo en 2017.
En un discurso pronunciado en Curuguaty, el presidente Santiago Peña sorprendió al plantear su intención de reformar la Constitución Nacional, justificando la medida como una forma de optimizar la recaudación y administración de impuestos en beneficio de las municipalidades.
La propuesta, que contempla permitir que los municipios retengan el 100% de los impuestos inmobiliarios, ha generado preocupación en sectores de la oposición y organizaciones civiles que temen que el trasfondo de la reforma sea abrir camino a la reelección presidencial.
El mandatario presentó su idea de reforma como una respuesta a los reclamos de los intendentes, quienes solicitan una mayor autonomía financiera. Actualmente, los municipios deben entregar el 30% de los impuestos inmobiliarios recaudados al gobierno central, una normativa que Peña considera ineficiente y que, según su propuesta, debería modificarse para fortalecer la administración local.
Sin embargo, este planteamiento llega en un contexto de sospechas cada vez mayores sobre las intenciones de Peña y su entorno político, especialmente al recordar que el Partido Colorado —liderado por Horacio Cartes— ha intentado en el pasado modificar la Constitución para permitir la reelección, lo que derivó en la crisis política del “Marzo Paraguayo” de 2017.
Las alarmas saltan principalmente por la coincidencia de discursos y guiños del oficialismo colorado en los últimos días, en los que figuras relevantes del partido han puesto el foco en la prohibición constitucional de la reelección presidencial. En un evento reciente en Alto Paraná, el senador Justo Zacarías Irún llegó a plantear la posibilidad de una “reelección indirecta” a través de Pedro Alliana, actual vicepresidente, como candidato para las próximas elecciones. “La Constitución nos prohíbe que el presidente tenga reelección, pero que Pedro Alliana sea el próximo presidente es prácticamente decir que hemos tenido la reelección”, declaró Zacarías Irún, dejando entrever una estrategia alternativa para prolongar el poder de la actual administración.
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Desde hace tiempo, los cambios en la Carta Magna son vistos con cautela, pues existe el temor de que cualquier modificación sirva como precedente para un eventual cambio en la limitación de la reelección presidencial, establecida actualmente en la Constitución de 1992. La memoria de los disturbios del Marzo Paraguayo, que incluyeron violentas protestas y el trágico asesinato de Rodrigo Quintana a manos de la policía en la sede del Partido Liberal, sigue viva y refuerza la resistencia a cualquier intento de modificación constitucional por parte del oficialismo colorado.
En tanto, Peña argumenta que su propuesta es estrictamente administrativa y busca corregir la histórica desatención de municipios rurales como los de Canindeyú, quienes, según él, no han sido suficientemente apoyados en el pasado. “Debemos hacer más por ellos”, declaró el presidente al reconocer las demandas de los intendentes de esta región. No obstante, el contexto y los antecedentes del Partido Colorado proyectan una sombra sobre las verdaderas intenciones detrás de la reforma.
Las manifestaciones de sectores críticos alertan sobre la necesidad de un debate amplio y transparente, que permita a la ciudadanía participar y, de ser necesario, manifestarse en defensa de los principios democráticos establecidos en la Constitución.