En medio de sospechas de corrupción por parte del oficialismo, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto contraataca y anuncia una movilización ciudadana para el 15 de agosto.
En una reciente conferencia de prensa, el jefe comunal, asistido por su abogado, Guillermo Ferreiro, y el asesor de la intendencia, Dani Mujica, reveló planes para presentar una denuncia contra los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, responsables de abrir un caso en su contra.
Los fiscales mencionados lo acusan de lesión de confianza en relación con la compra de kits de alimentos. Prieto, no obstante, argumenta que las acusaciones son infundadas y promete demostrarlo en su debido momento.
La conferencia de prensa estuvo respaldada por material audiovisual de marzo de 2020, que mostraba el cierre del contrato con el proveedor de los kits de alimentos y el inicio de su distribución, en presencia de varias organizaciones, entre ellas, la Pastoral Social local y la Armada Paraguaya.
Además de Prieto, otras 10 personas, incluido el director de Administración y Finanzas de la Municipalidad, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, también están implicadas en las acusaciones. Los cargos se originaron a raíz de una licitación excepcional para la compra de 25,000 kits de alimentos durante la pandemia para personas vulnerables y de escasos recursos.
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El intendente esteño reafirmó su posición y convocó a la ciudadanía, especialmente a las 75,000 familias que se beneficiaron de los kits de alimentos, a manifestarse el próximo 15 de agosto, día en que Santiago Peña asume la presidencia de la República.
Otra denuncia más
Por otro lado, el mismo día que Prieto hizo pública su postura, miembros de la Contraloría Ciudadana presentaron una denuncia contra el intendente ante la Fiscalía de Ciudad del Este. Se le acusa de lesión de confianza, peculado, falsificación de documentos públicos y asociación criminal, supuestamente a causa de un daño patrimonial de 5 mil millones de guaraníes. La denuncia alega que los fondos transferidos para obras comunitarias fueron dirigidos a una única empresa, propiedad de un amigo del intendente.
Los demandantes identificaron a la empresa en cuestión como MB Construcciones, propiedad de Elvio Marcos Barrientos. Entre las irregularidades alegadas está la falta de un domicilio oficial de la empresa, que según los informes ha proporcionado tres direcciones distintas.
Además, señalaron que Barrientos es, según las publicaciones en las redes sociales, un amigo cercano del intendente Prieto, lo que plantea preguntas sobre posibles conflictos de interés.
Es la sexta vez que los miembros de la Contraloría Ciudadana presentan una denuncia contra Prieto, aunque a título personal y no en representación de la organización.
La lucha entre el jefe comunal y sus detractores parece estar lejos de terminar. Mientras tanto, la ciudadanía esteña se prepara para lo que puede ser una protesta masiva el 15 de agosto.
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