El Ministerio Público llevó a cabo varios allanamientos en Ciudad del Este y Presidente Franco, con el objetivo de obtener documentos claves en una investigación sobre presunta lesión de confianza. La pesquisa abarca supuestas irregularidades en el manejo de recursos durante la pandemia, y se extiende sobre las actividades de la Municipalidad de Ciudad del Este en los años 2019 y 2022, bajo la gestión del intendente Miguel Prieto.
La Unidad Anticorrupción, encabezada por los fiscales Néstor Coronal, Marlene González y Luz Guerrero, ejecutó los operativos simultáneamente en diferentes viviendas y locales vinculados a la investigación. En particular, se indaga el uso de fondos para la entrega de víveres y la realización de obras durante el periodo de emergencia sanitaria. Según los fiscales, los hechos podrían configurarse como lesión de confianza y perjuicio patrimonial.
Los allanamientos también incluyeron empresas constructoras que habrían sido beneficiadas con contratos municipales, y cuyos informes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este señalaron presuntas irregularidades en obras de pozos artesianos. A su vez, se investiga la existencia de posibles sobrecostos en los suministros de insumos entregados durante la pandemia.
Durante los procedimientos, fueron incautados documentos que están siendo analizados para determinar si se configuran hechos punibles. Sin embargo, aún no se ha presentado ninguna imputación oficial en las denuncias que originaron estos allanamientos.
Este caso es parte de una serie de investigaciones más amplias sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de la capital de Alto Paraná. Las autoridades continúan trabajando en la verificación de los documentos y no se descartan futuras imputaciones.
Por su parte, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, calificó como un acto de amedrentamiento las múltiples denuncias que han sido presentadas en su contra. Según detalló, actualmente enfrenta 39 denuncias, de las cuales 22 provienen de Celso “Kelembu” Miranda, mientras que las restantes 17 han sido interpuestas por la Contraloría Ciudadana. Prieto acusa a esta última de carecer de imparcialidad y de tener una agenda política cuyo objetivo es desestabilizar su gestión municipal.
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Prieto ha sido enfático al afirmar que las acusaciones carecen de fundamento. “Se pasan inventando hechos punibles y, hasta el momento, la Fiscalía no pudo corroborar nada”, manifestó. Además, señaló que 11 personas han sido imputadas junto a él por la entrega de kits alimentarios durante la pandemia. A pesar de las imputaciones, Prieto aseguró que su equipo no evitará el proceso judicial y confía en que podrán demostrar su inocencia en los tribunales. “Nosotros no vamos a huir del juicio y vamos a demostrar nuestra inocencia”, subrayó.
