Una práctica imprudente y letal ha vuelto a alarmar en Presidente Franco, Alto Paraná, donde una influencer ha desatado indignación y un serio debate sobre la seguridad pública. Eli Villagra, frente a la cámara y en un acto que puede ser considerado una burrada, accionó su pistola hacia el cielo nocturno sin medir las consecuencias de su estupidez. Este irresponsable gesto, que ahora enfrenta el escrutinio legal, pone en primer plano los peligros mortales de disparar al aire, una costumbre arraigada en celebraciones pero cargada de consecuencias fatales. La comunidad se ve forzada a reflexionar: ¿es la alegría efímera de un disparo al aire valor para justificar una tragedia eterna?
En un evento que ha capturado la atención y el repudio del público en redes sociales, Eli Villagra, conocida influencer y modelo, fue captada en video realizando disparos al aire con una pistola durante la madrugada del domingo en Presidente Franco, Alto Paraná.
La viralización del acto ha llevado a la Policía Nacional a abrir una investigación, poniendo en el foco un tema de gran preocupación social: la imprudencia de disparar al aire.
Esta práctica, a menudo asociada con celebraciones o manifestaciones de poder, implica serios riesgos que van desde lesiones físicas hasta la muerte por lo que son conocidas como “balas perdidas”.
Cuando una bala es disparada al aire, no se queda suspendida en la atmósfera ni pierde su potencial letal. Aunque ralentizada por la resistencia del aire, la bala eventualmente cae, pudiendo alcanzar velocidades mortales debido a la gravedad y la energía cinética acumulada en su descenso.
La repercusión de estos actos trasciende la física de las balas. Las secuelas incluyen el terror psicológico que se esparce entre la población, así como el mensaje perturbador que se transmite sobre el uso de armas de fuego, en especial en un país donde el control de las mismas es un tema candente.
La respuesta legal no se ha hecho esperar. La fiscal Viviana Sánchez, quien lleva el caso, ha declarado que tales actos están considerados como producción de riesgos comunes.
Se ha solicitado la identificación de los involucrados para su procesamiento. Además, la Policía y la Dirección de Material Bélico (Dimabel) ya habían instado anteriormente a la ciudadanía a denunciar este tipo de conductas irresponsables, recordando que los responsables pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión y a la revocación de la tenencia de armas.
Radiografía de una niña de 13 años que fue víctima de una bala perdida, a inicios del 2023.
Además, las autoridades recuerdan que la Ley 4036/10 estipula claramente el marco regulatorio para el manejo de armas en el país, señalando que la portación de armas de fuego sin la debida autorización constituye un delito. Se hace hincapié en la importancia de adherirse a las normas básicas de seguridad con armas, prácticas que son vitales para prevenir daños a terceros y asegurar la integridad propia.
Pese a las posibles consecuencias legales, sigue siendo crucial la educación sobre el manejo responsable de armas de fuego.
Iniciativas y campañas de concientización pública buscan ilustrar sobre los peligros y promover prácticas seguras, pero aún queda mucho por hacer para cambiar la mentalidad de aquellos que consideran los disparos al aire como un acto sin consecuencias.
Este incidente destaca la imperiosa necesidad de seguir informando y educando a la población sobre el uso responsable de armas de fuego. La comunidad debe tomar un rol activo en la prevención, denunciando estos comportamientos y apoyando medidas educativas.
Solo a través de un esfuerzo colectivo se puede esperar erradicar estas prácticas peligrosas (y, en un todo, estúpidas); y asegurar la seguridad y el bienestar de todos.
