Nancy Domínguez tenía 22 años cuando fue asesinada de 8 balazos, 7 en el rostro y uno en el brazo. El crímen ocurrió en el año 2012, frente a un motel en Ciudad del Este. El autor del asesinato fue un policía, el suboficial Abraham Casco Leiva, quien fue condenado a sólo cuatro años y seis meses.
La sentencia fue apelada y finalmente anulada. Está en marcha un nuevo juicio oral y público y el Ministerio Público, representado por la fiscal Estela Mary Ramírez, pide una condena mayor a la anterior, más acorde a la dimensión y gravedad del hecho punible que en este caso está caratulado como homicidio doloso.
“Es una impotencia impresionante porque en el 2012, frente al Hotel San Roque, mataron Nancy de apenas 22 años. Le mató un policía y solo le tuvieron 4 años. Ahora está libre, paseando y amenazando”, expresó indignada Lucy Esquivel, fundadora y presidenta de la organización de trabajadoras sexuales Unidas en la Esperanza (UNES).
Las compañeras de trabajo y amigas de la víctima intentaron participar este jueves, del juicio oral y público en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. Sin embargo, el tribunal impidió su ingreso a la sala. La justificación: portaban remeras y tapabocas con instintivos de su organización, lo cual está prohibido por el Código Penal en una sala de juicio oral.
“Eso fue discriminación. Más cuando se trata del mayor proxeneta que es la policía”, dijo con rabia Lucy Esquivel. Desde la UNES lamentaron que a los policías, camaradas del acusado, sí los dejaron entrar.
La lucha contra la violencia institucional
Las trabajadoras sexuales organizadas reivindican el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y la necesidad de un marco legal que reconozca esta situación, de modo a tener derechos laborales, pero sobre todo obtener protección contra la violencia institucional que se erige sobre la base de la discriminación y el estigma, como ya lo ha reportado UNES en el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay 2020.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) contempla esta violencia institucional de la Policía desde hace varios años en su Informe Anual. En la edición número 25 del 2020, una vez más se visibilizó que sigue siendo común que agentes de la Policía exijan favores sexuales o sobornos a las mujeres trabajadoras sexuales para que éstas puedan ejercer su trabajo. La pandemia, a través de estas medidas que, no tienen en cuenta las particularidades de cada sector, agudiza el problema. Asunción Central y Alto Paraná, son los lugares donde más casos se registran.
“La falta de reconocimiento legal imposibilita, además, que las trabajadoras sexuales accedan a programas de auxilio en este contexto, a pesar de que las restricciones les impiden generar ingresos y garantizar el acceso a alimentación. En este panorama de alta vulnerabilidad, condenadas a la clandestinidad y la violencia institucional se encuentran las trabajadoras sexuales y sin respuesta adecuada del Estado”, indica CODEHUPY.
