El movimiento antiderechos, articulado por una alianza ultraconservadora entre el Partido Colorado y varias iglesias cristianas, desmontó en los últimos 13 años, políticas públicas de igualdad de género y educación sexual del Estado conquistadas en décadas.
Por Arístides Ortiz
“La directora nos convocó a las profesoras de la escuela. Nos advirtió que tengamos mucho cuidado al usar las palabras sexualidad y género…dijo que lo mejor es evitar usarlas en las aulas…”, recuerda Ramona*, docente de una escuela pública del municipio de San Lorenzo.
Aquella advertencia fue en el 2017, un mes después de que el entonces ministro de Educación y Ciencia (MEC) de Paraguay, Enrique Riera, amenazara con “quemar en una plaza pública los libros que contienen ideología de género”. Ese mismo día, el gobierno de Horacio Cartes firmó una resolución que prohibió el uso de materiales educativos que contengan contenidos sobre igualdad de género en escuelas y colegios públicos y privados.
Esta resolución no ha sido la única medida que se ha impulsado durante los últimos trece años en Paraguay contra las leyes que promueven la igualdad de derechos para niños, niñas, adolescentes y mujeres. Detrás de estas normas y reglamentos existe una red de 29 organizaciones religiosas denominadas “provida” y “profamilia” que cuentan con el respaldo político del Partido Colorado.
Esta investigación analizó las políticas públicas impulsadas entre el 2011 y el 2024 durante los últimos tres gobiernos colorados e identificó 19 planes, programas, leyes, resoluciones y proyectos que promovían la igualdad de género y la educación sexual, pero cuya implementación fue suspendida, paralizada o varias de sus partes suprimidas.
Estas contrarreformas se impulsaron desde el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Una de esas medidas quedó sin efecto durante el gobierno del expresidente Fernando Lugo, otra fue suprimida durante el gobierno del liberal Federico Franco, mientras que las 17 restantes se suspendieron durante los gobiernos colorados de Horacio Cartes (6), Mario Abdo Benítez (9) y Santiago Peña (2), ya como resultado de la alianza colorada-iglesias cristianas.
Desde el 2011, varios de estos colectivos y plataformas “profamilia” que se oponen a la igualdad de género y la educación sexual, han profundizado su rol e influencia en el gobierno.
Esta investigación también identificó que personas vinculadas a estos grupos religiosos ocupan puestos importantes en la toma decisiones en el actual gobierno del presidente Peña, tanto en el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) como en el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) y el Ministerio del Interior. Los dos primeros son los responsables de las políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes del país.
En estas instituciones se ha identificado a por lo menos 9 funcionarios de alto nivel que, al mismo tiempo, están vinculados a estos colectivos religiosos y al Partido Colorado.
Se trata de los ministros Walter Gutiérrez (MINNA), Luis Ramírez (MEC), Enrique Riera (Ministerio del Interior); Diana Arguello (viceministra del MINNA), Jorge Duarte (asesor presidencial en política educativa), Nancy Benítez Ojeda (directora general del MEC); Celeste Rodríguez (directora general del MINNA), Zulma Morales (coordinadora de la Mesa Técnica de Padres del MEC) y Aníbal Zapattini (jefe de gabinete del MEC).
Especificaciones de la investigación
Para este reportaje se realizaron más de dos decenas de entrevistas con docentes, funcionarios públicos con cargos de dirección en los ministerios de Educación y Ciencia, Niñez y Adolescencia y Mujer; con exministros y políticos colorados, con funcionarios de organismo multilaterales con sede en el país y con miembros de congregaciones religiosas. Todos solicitaron no mencionar sus nombres debido al clima de inseguridad y censura que hay en el país.
Las 19 medidas contra la igualdad de género y la educación sexual impulsadas durante los últimos años en Paraguay contradicen tres convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por este país.
Al mismo tiempo, el nivel de influencia de estas organizaciones religiosas, a través de altos funcionarios, también viola el artículo 24, que establece que ninguna confesión tendrá carácter oficial en el Estado paraguayo.
Trece años de contrarreformas
El 2011, la presión de los movimientos religiosos logró que el entonces gobierno de Fernando Lugo no aprobara el proyecto del Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad, impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencia.
El entonces ministro Gustavo Riart firmó una resolución que dejó sin efecto la implementación de este marco rector.
Durante los siguientes gobiernos de Cartes, Benítez y Peña las medidas contra la igualdad de género y la educación sexual fueron afianzándose.
Estos tres gobiernos se declararon “provida” (antiaborto, rechazo a la eutanasia y al suicidio asistido) y “profamilia” (contra el matrimonio igualitario).
En las campañas electorales del 2018 y el 2023, el Partido Colorado buscó atraer los votos de religiosos conservadores con la promesa de “combatir la ideología de género”.
La encuesta de la Corporación Latinobarómetro del 2023 señala que el 80% de la población paraguaya se declara de religión cristiana católica y el 13% cristiana evangélica.
Mientras los últimos gobiernos han prohibido el enfoque de género en las aulas, las cifras del Ministerio de la Mujer señalan que entre 2019 y 2023, más de 189 mujeres fueron víctimas de feminicidio.
En el mismo tiempo, 15.650 niños y niñas sufrieron abuso sexual, reporta el Ministerio Público. Y, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública, de cada 100 embarazos en el país, 20 corresponden a adolescentes de entre 15 y 19 años y una a menores de 15.
El principal articulador de estas medidas es el presidente colorado, Horacio Cartes, debido al poder político y económico que concentra.
El principal interlocutor de Cartes y de su partido, con las iglesias cristianas, es el Cardenal Adalberto Martínez, considerando sus actos y declaracioes públicas que serán mencionadas a continuación.
El “me pego un tiro en las bolas” de Cartes
El día 9 de abril del 2013, doce días antes de las elecciones en las que se elegiría al nuevo presidente de la República, el candidato colorado Horacio Cartes dijo que si su hijo le dijera que es homosexual él respondería “Me voy a pegar un tiro en las bolas, porque no comparto…”.
Un día después de haber sido elegido presidente, Cartes convocó a una conferencia de prensa y se retractó de sus expresiones. Dijo que sus palabras fueron malentendidas por los medios de comunicación.
Luego, a inicios de noviembre del 2013, el gobierno instaló una mesa de diálogo entre la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y el Poder Ejecutivo para discutir diversos temas, entre ellos los relacionados al género. La mesa se instaló por iniciativa del CEP.
Diversas fuentes católicas y coloradas consultadas señalan que aquella mesa de diálogo estableció las bases para articular un movimiento de diversos actores sociales y políticos contra los derechos de género y de educación sexual.
Luis Ortiz, sociólogo y docente universitario,opinó que “el principal constructor del movimiento antiderechos en Paraguay es la Iglesia Católica”, por el poder social que siempre tuvo en el país. Añadió que los dirigentes de esta iglesia son los que “influyen decisivamente en los gobiernos colorados para que tomen las medidas gubernamentales antiderechos”.
Los hechos y discursos de los representantes de la CEP revelan que la jerarquía católica tiene un peso determinante en las decisiones de los gobiernos colorados para suprimir los derechos de igualdad de género. Mediante un comunicado difundido el 2016, “exhortó” a diputados y senadores a eliminar del Proyecto de Ley de Protección Integral de la Mujer contra toda Forma de Violencia toda referencia a las palabras “enfoque de género” y “mujeres transexuales”. La ley fue sancionada sin que contenga estas palabras.
Otro caso es la decisión del gobierno de Abdo Benítez, a través de la cancillería, de retirar del Congreso, en diciembre de 2019, el pedido de aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
La causa: Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción, difundió un video en el que denunciaba que este acuerdo “era una trampa para imponer al país la ideología de género”. Hasta ahora el Acuerdo no ha sido ratificado por Paraguay.
El hecho más reciente que expone la estrecha relación entre la CEP y el gobierno ocurrió el 21 junio de este año, cuando el actual presidente de la CEP, el cardenal Adalberto Martínez, se reunió con el actual presidente Peña, cinco días antes de la reunión de la Asamblea General de la Organismo de Estados Americanos (OEA) en Asunción.
El cardenal le “instó” a objetar determinadas resoluciones sobre la “vida y familia” que se abordarían en la OEA. Varias fuentes católicas y funcionarios de la cancillería coincidieron en afirmar que el exhorto de Martínez determinó que el gobierno de Peña se declarará ante la OEA por primera vez, el 26 de junio pasado, “provida y profamilia”.
Más hechos públicos exponen los vínculos entre la CEP y la ANR
Por ejemplo, la conferencia que dictaron el 13 de marzo del 2018 los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez sobre lo que ellos denominan “ideología de género”, en la misma sede del Partido Colorado, previo a la presentación de la publicación “El libro negro de la nueva izquierda. Ideología de género o subversión cultural”. Laje y Márquez son referentes regionales del movimiento antiderechos, con el que se relacionan en diversos países de Latinoamérica.
Darío Filártiga, entonces asesor jurídico de Cartes, informó a los medios de comunicación que la conferencia con estos invitados se realizó “a sugerencia del arzobispo Edmundo Rolón”, miembro de la CEP.
Cuando Cartes era presidente también ha sostenido reuniones con el papa Francisco. Tuvieron la primera reunión a fines de noviembre del 2014. En abril del 2015 se reunieron por segunda vez. En total, durante todo su gobierno se reunieron siete veces. Ningún otro presidente de Latinoamérica se ha reunido tantas veces con el papa.
Cartes logró estas reuniones gracias a las gestiones de Esteban Kriskovich, entonces embajador ante el Vaticano, y del padre Aldo Trento, ambos miembros del movimiento católico Comunión y Liberación, apoyados por la CEP.
Además, el papa Francisco visitó Paraguay entre el 10 y 12 de julio del 2015, como resultado de las intensas gestiones conjuntas del gobierno de Cartes y de la CEP.
El presidente Cartes inauguró su política antiderechos, cuando en junio del 2014 rechazó y no se adhirió a la resolución de la Asamblea General de la OEA “que condena la discriminación contra las personas por su orientación sexual”, que se realizó en Asunción.
Pero fue la jerarquía de la Iglesia Católica la que inició las acciones contra las leyes que promueven la igualdad de género y la educación sexual.
En 2011, durante el gobierno de Fernando Lugo, la CEP cuestionó el proyecto del Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad usando a las organizaciones católicas civiles, proyecto que derribó y enterró. Hasta hoy el Estado no tiene un Marco Rector para enseñar sexualidad en la educación pública.
Luego, durante el gobierno del liberal Federico Franco (que se autodenomina provida), la CEP gestionó el 2013 la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos sin un enfoque de género. El texto de ese plan sigue vigente.
La ONU tomó nota del progresivo retroceso de los derechos de igualdad de género y de educación sexual no religiosa en las políticas públicas. Ante ello, el Comité por los Derechos del Niño recomendó al Ministerio de Educación y Ciencia, en mayo de este año, la derogación de la resolución por la cual aprueba los folletos de “12 Ciencias para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad en la Familia”, debido a su contenido no científico y religioso.
Por su parte, ya en el 2017, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de la ONU calificó ante representantes del Estado paraguayo de “retroceso” los derechos de la mujer en Paraguay por incidencia del movimiento antiderechos. Las dos recomendaciones fueron desoídas.
Evangélicos y colorados
La alianza de la ANR no se agota con la Iglesia Católica. En el 2003, a partir del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, comienza a tejerse la relación entre dirigentes colorados y pastores de las iglesias cristianas evangélicas, principalmente con la menonita.
Esta relación política continuó. Hacia el 2018 se reveló muy sólida. En el 2020 se realizó la “conferencia magistral” sobre “Defensa de la Vida y la Familia, Prioridades Máximas en el Paraguay” realizada en la sede del Partido Colorado. La conferencia fue dictada por los pastores Miguel Ortigoza, del Centro Familiar de Adoración y Emilio Agüero, de la iglesia Más que vencedores. El mismo Horacio Cartes dio las palabras de apertura del evento.
De la mano del pastor evangélico y excandidato presidencial Arnaldo Wiens por el movimiento liderado por Abdo Benítez, el lobby de las iglesias protestantes ante el gobierno de Benítez dio sus frutos en agosto del 2018: Eduardo Petta, conocido creyente evangélico, fue designado ministro del MEC. A partir de entonces los evangélicos comenzaron a tener una gran visibilidad.
Los articuladores de la alianza ultraconservadora
Cuatro actores institucionales tejen el movimiento contra los derechos de igualdad de género: la CEP de la Iglesia Católica, la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay (que aglutina a 36 iglesias), la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, y el Partido Colorado. Todos los articuladores del movimiento antiderechos y los dirigentes de las 29 organizaciones profamilia provienen de estos tres espacios institucionales.
Un exministro colorado que pidió no ser identificado dijo: “La cuestión es muy simple: si más del 90% de los habitantes del país son cristianos ¿a quiénes debe halagar un político o partido que quiere administrar o legislar en el Estado?”.
Por su parte, un pastor evangélico justificó así la relación de las iglesias con la ANR: “…casi todo el pueblo paraguayo es cristiano…y si ese pueblo elige a un partido para dirigir el Estado ¿a qué partido vamos a pedir ayuda para que el pueblo no abandone a Dios?”.
Clyde Soto, investigadora del Centro de documentación y Estudios y dirigente feminista, dijo que la característica principal de la relación Partido Colorado e iglesias cristianas es “intercambio de voto conservador religioso para los candidatos colorados en cada comicio por medidas políticas antiderechos cuando estos ocupan cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo”. Definió este intercambio como un “pacto de poder entre instituciones ultraconservadoras”.
Entre los liderazgos que articulan y encaminan al movimiento para “combatir la ideología de género”, destacan dos: Horacio Cartes y el cardenal Adalberto Martínez. “Quizá no aparezcan juntos en ninguna foto, pero Cartes y el cardenal tienen una comunicación fluida, las veces que se necesita…”, señala un senador colorado que impulsa la agenda contra estos derechos en el Congreso.
Aunque de bajo perfil y muy cauto, el cardenal es otro actor relevante. Investido por el poder del papa y respaldado por el 80% de la población que dice ser católica, Martínez se comunica fluidamente con Cartes.
El otro actor importante, aunque más silencioso, es el empresario Carlos Walde, quien se ocupa de recaudar las donaciones de los empresarios cristianos, católicos y evangélicos, para financiar las acciones del movimiento contra los derechos.
En los últimos años, se han creado 29 organizaciones sociales próvida y profamilia integradas por cristianos laicos y colorados. Los nombres de estas organizaciones aparecen en los comunicados públicos y como organizadores formales de las manifestaciones que se realizan contra los derechos de igualdad de género. Sus miembros debaten, se movilizan y confrontan con los sectores a favor de derechos de la sociedad civil, e inciden en las políticas públicas del Estado.
El avance de los antiderechos dentro del Estado
Los dirigentes colorados, evangélicos y católicos ultraconservadores ocuparon los ministerios de Educación y Ciencia y Niñez y Adolescencia. Los dos primeros ministerios son los responsables de ejecutar las políticas públicas educativas, formativas y de protección dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes.
Con el nombramiento de Enrique Riera en Educación, en mayo del 2016, los colectivos denominados profamilia ganaron un importante aliado. Aunque no es pastor ni ferviente católico, Riera cuestiona la diversidad sexual. No se había instalado bien aún en su oficina de ministro cuando anuló el proceso de elaboración de los materiales de Educación Integral de la Sexualidad.
El 5 de octubre del 2017 emitió la resolución ministerial por la cual prohíbe la utilización y difusión de “materiales de teoría o ideología de género en las instituciones educativas del MEC”.
El nombramiento de Eduardo Petta como ministro de Educación, en agosto del 2018, colocó a un sector de la iglesia evangélica en el gobierno. Petta es un reconocido evangélico que impulsó la llamada Mesa Técnica de Padres del MEC. Desde esta instancia censuran los programas o planes que promueven los derechos a la educación sexual científica y no religiosa de los niños y adolescentes del país.
El gobierno cartista de Peña obtuvo el acuerdo de las organizaciones religiosas para nombrar, en agosto de 2023, a Luis Ramírez como ministro del MEC. Luego, las mismas organizaciones presionaron a Ramírez con manifestaciones públicas para que designe a Zulma Morales como coordinadora de la estratégica Mesa Técnica de Padres.
El otro ministerio con presencia de funcionarios vinculados a las organizaciones religiosas ultraconservadoras es el de Niñez y Adolescencia. Walter Gutiérrez, miembro del movimiento Honor Colorado y que se califica como provida, ocupa hasta hoy el alto cargo.
Las organizaciones de padres profamilia se instalaron en la Mesa Técnica de Padres en la que participan del análisis de los planes y programa del ministerio. Desde esta instancia, en el 2020 obligaron a la entonces ministra Teresa Martínez a que rechace el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia por estar “plagado de ideología de género”, lo que significa que contiene la perspectiva de género y la educación sexual con base científica.
Simón Cazal, dirigente de la organización Somos Gay, percibe que la penetración de los representantes del movimiento contra los derechos a la igualdad de género en el Estado, tiene como consecuencia “una mayor agresividad de los políticos y las instituciones del Estado hacia las personas, las organizaciones y los dirigentes de la comunidad LGBTI”.
Las palabras prohibidas
El arzobispo Valenzuela había reconocido públicamente, tras la “denuncia” que realizó a través de los medios, que le habían mal informado sobre el Acuerdo de Escazú y que retiraba sus críticas. Sin embargo, según una fuente de una iglesia evangélica, Valenzuela no se había equivocado, porque el texto del acuerdo, en su artículo 3, inciso “a”, contenía lo siguiente: “De los principios: principio de igualdad y principio de no discriminación”. “Las palabras “igualdad” y “discriminación” llevan agua al molino de la “ideología de género”, de acuerdo a esta fuente.
Otro pastor evangélico, que tampoco quiso ser identificado, dijo que “los hermanos representantes de las organizaciones provida tienen una lista de palabras que no deben aparecer en ningún documento con el que se eduque a nuestros niños y jóvenes”. Otras fuentes evangélicas y católicas confirmaron esta versión.
Los representantes de las 29 organizaciones profamilia que participan de las mesas de padres, tanto en el MEC como en el ministerio de Niñez y Adolescencia, leen minuciosamente los textos de todos los planes, programas, proyectos, denominaciones, leyes y materiales educativos y, si encuentran, borran 12 conceptos expresados en palabras que tienen el “virus” de la “ideología de género”. Es el caso del Proyecto de Transformación Educativa. Luego de haber sido vilipendiado por los colorados en el Congreso, fue modificado: suprimieron de su título la palabra “Transformación”
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Ilustración: Marthu Miranda.
Diseño: Poly Acosta
*Ramona es un nombre ficticio. Se ha decidido editorialmente no identificarla para garantizar su seguridad.
*Esta investigación fue producida originalmente por el Medio Digital de Prensa Hína y publicada en colaboración por varios medios digitales de comunicación de Paraguay.