En Paraguay, la investigación sobre los autores intelectuales detrás del asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia en 2022, sigue estancada. El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, enfrenta críticas por la falta de avances significativos y atribuye parte de la responsabilidad a la falta de cooperación de Colombia y a la presión mediática local. Mientras tanto, las autoridades colombianas ya han condenado a los ejecutores materiales del crimen, y la Fiscalía paraguaya ha intensificado sus esfuerzos solo tras la intervención de Estados Unidos en la investigación.
A dos años del asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci en Colombia, el Fiscal General del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón, sigue enfrentando críticas por la falta de avances significativos en la investigación sobre los autores intelectuales del crimen.
Mientras los autores materiales ya han sido juzgados y condenados en Colombia, la incógnita sobre quién ordenó el asesinato persiste, y la Fiscalía paraguaya parece estar lejos de ofrecer respuestas concretas.
En una reciente conferencia de prensa, Rolón citó la falta de cooperación de la Fiscalía de Colombia como uno de los principales obstáculos en el progreso de la investigación, destacando un vacío de gestión entre el cambio de fiscales generales en aquel país.
Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia fueron sus comentarios respecto a la prensa local, a la cual acusó de impedir el trabajo eficaz de la fiscalía.
“Nos creemos responsables y proactivos. Hoy día no tuvimos una respuesta directa a ninguno de nuestros requerimientos faltantes de la Fiscalía colombiana”, explicó Rolón, subrayando la ausencia de “reciprocidad internacional”.
Emiliano Rolón, Fiscal General del Estado.
Además, en respuesta a preguntas sobre si la demora podría atribuirse a una falta de confianza de Colombia hacia Paraguay, Rolón se mostró evasivo, mencionando que su equipo se abstrae de tales consideraciones y se centra únicamente en la evidencia que pueda convertirse en pruebas.
La situación se complicó aún más cuando se reveló que una audiencia programada con la fiscala general colombiana Luz Camargo fue abruptamente postergada, lo cual, según el fiscal Manuel Doldán, se debió a “compromisos laborales improrrogables” de la fiscala, aunque aseguró que esto no implica una negativa de Colombia a colaborar.
“Sin evidencias” contra Cartes, y críticas a la prensa
Sin embargo, las explicaciones ofrecidas no han mitigado las dudas ni las críticas. En un momento en que se esperaba mayor claridad, Rolón intentó eximir de cualquier implicación al ex presidente Horacio Cartes, a pesar de las acusaciones en su contra relacionadas con el caso.
“No tengo evidencias de que se dirija a esa persona”, afirmó Rolón, haciendo referencia a las menciones de Cartes por parte de uno de los autores materiales del crimen.
En un tono que delataba su frustración con los medios de comunicación, el Fiscal General exhortó a la prensa a permitir que su equipo trabaje sin interferencias, sugiriendo que el escrutinio mediático ha sido un impedimento en la investigación.
“Ustedes también tienen el deber de colaborar con la justicia. Si surge de los hechos que el implicado es Cartes, Marito, o quien sea, así será. Las personas deben surgir de los hechos y de la información que procesamos; actualmente no tengo evidencias que dirijan hacia esas personas”, afirmó Rolón en una defensa vehemente de las acciones de la Fiscalía.
La reticencia de la Fiscalía a proporcionar detalles concretos y su crítica hacia la prensa han generado un ambiente de tensión y escepticismo.
“No nos permitieron trabajar en la semana. Han pasado siete meses desde que se abrió la carpeta fiscal. Las quejas deben dirigirse a Colombia”, dijo Rolón, aludiendo a supuestos retrasos en la cooperación internacional que han obstaculizado el avance del caso.
Este tipo de declaraciones ha llevado a que muchos observadores y críticos cuestionen la voluntad y capacidad de la Fiscalía para llevar a cabo una investigación transparente y eficaz.
El ex presidente Horacio Cartes y el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán fueron señalados por Francisco Luis Correa, líder del grupo de sicarios responsable del magnicidio, como los posibles autores intelectuales del crimen.
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A pesar de estas acusaciones, que Cartes ha calificado de “infundadas”, se ha abierto una investigación en Paraguay para esclarecer quién estuvo detrás del asesinato de Pecci. Correa, tras llegar a un acuerdo de colaboración con la justicia colombiana, fue condenado a seis años y medio de prisión.
Mientras las autoridades colombianas ya han logrado condenar a todos los autores materiales del asesinato de Marcelo Pecci, la identidad de los autores intelectuales aún permanece envuelta en misterio.
Durante este proceso, la participación de la Fiscalía de Paraguay ha sido notoriamente limitada, mostrando un aumento notable en su actividad solo después de que se revelara la colaboración de Estados Unidos en la búsqueda de los verdaderos cerebros detrás del crimen.
El fiscal antidrogas estaba de luna de miel en Colombia, y a la espera del nacimiento de un hijo, cuando fue asesinado.
El asesinato de Marcelo Pecci, ejecutado por sicarios en una playa de la isla de Barú mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, ha resonado como un trágico recordatorio de los peligros que enfrentan aquellos que se atreven a confrontar las redes del narcotráfico.
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En un momento en que la credibilidad de la Fiscalía está en juego, el llamado de Rolón a “dejarlos trabajar” resuena más como una defensa desesperada ante la falta de progresos tangibles que como un plan concreto para resolver uno de los casos más emblemáticos y dolorosos de la lucha contra el narcotráfico en la región.
La presión continúa aumentando no solo para obtener respuestas, sino también para asegurar que la justicia no sea solo una cuestión de tiempo, sino de voluntad y transparencia.
