El mapeo del sistema normativo relacionado al trabajo sexual se realizó en 14 países, incluyendo Paraguay y estuvo a cargo de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex). Desde la Asociación Unidas en la Esperanza (UNES) que aglutina a las trabajadoras sexuales de Paraguay, intentaron sin resultados positivos, socializar esta información con autoridades locales en la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad del Este.
Los principales hallazgos en la legislación paraguaya indican que la Constitución Nacional tiene principios de igualdad y no discriminación, que el trabajo sexual no está prohibido en nuestro país y que el Código Penal no tipifica el trabajo sexual como delito. El Código Penal penaliza y sanciona algunas formas de proxenetismo, por ejemplo cuando adolescentes son inducidas/os a la prostitución o en casos de trata de personas. El Código Penal sanciona la explotación sexual.
En el caso específico de Ciudad del Este, la Ordenanza Municipal 10/93 reglamenta el trabajo sexual. Sin embargo, el artículo 6 contradice lo dispuesto en la Ley 3940 de VIH. “Nuestra intención era instalar una mesa de trabajo para poder disminuir la discriminación. Porque lo que sale en este mapeo es una ordenanza que atropella nuestros derechos como trabajadoras sexuales. Nuestra intención es justamente ver la normativa que hay aquí en Ciudad del Este donde se exige que las compañeras muestren su resultado de serología, que es totalmente inapropiado. Va en contra de todos los derechos”, comentó Lucy Esquivel, presidenta de UNES.
Y agregó: “Vemos la necesidad urgente de la regulación del trabajo sexual, porque al no tener regulación hay un vacío legal, entonces estas normativas se usan y se aprovechan para atropellar nuestros derechos, para invisibilizarnos, para que nos impulsen a mayor clandestinidad”.
Desde la Asociación buscan instalar una mesa de trabajo para impulsar las modificaciones o derogaciones legales necesarias. “Para que de una vez por todas se vea a las trabajadoras sexuales como sujetas de derecho”, afirmó Lucy Esquivel.
Fueron invitados: el gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, el intendente de Ciudad del Este, Hugo Benítez, la directora de Gestión Ambiental, Karen González, la jefa de la Secretaría de la Mujer, Yanina Portillo, el director de la Policía de Alto Paraná, Carlos Humberto Benítez, el jefe de la Comisaría Primera y la directora de PRONASIDA de Alto Paraná.
Ante la ausencia de las autoridades y funcionarios públicos, desde la UNES informaron que próximamente visitarán cada una de las instituciones.
“Con esto se nota la discriminación y el estigma que pesa sobre nosotras, la carga moral grande que existe en nuestro país, no solo en Ciudad del Este”, comentó Esquivel. La UNES está presente en 9 departamentos del país y tiene un registro de casi 5 mil trabajadoras sexuales.
Denuncian extorsión y violencia
En Alto Paraná, la referente de la UNES es Ángela Cristaldo, quien comentó que la pandemia les hizo sentir aún más necesidades. No recibieron asistencia de ningún ente del Estado y con las restricciones de horario y circulación, se vieron impedidas de poder trabajar. También denunció que son víctimas de extorsión por parte de funcionarios municipales.
“A las compañeras que trabajan en los locales hay mucho atropello, porque muy a menudo van desde la Municipalidad, piden su resultado de VIH o cualquier cosa ponen de excusa y piden un monto, que pagan los patrones o patronas, pero eso quitan de las compañeras. Es un atropello a nuestros derechos porque no son personas de salubridad, sino inspectores que nada tienen que ver con salud”, expresó.
A la extorsión se suman las situaciones de violencia que ponen en peligro la vida de las trabajadoras sexuales. “Vino un particular y empezó a pegarles a las compañeras en Ciudad del Este. Fueron para presentar la denuncia pero les dijeron que no tenían evidencia, y no es la primera vez que esta persona pega a las compañeras y eso es violencia. No puede ser posible que porque somos trabajadoras sexuales ese tipo de violencia se siga ejerciendo sobre nosotras”, afirmó Lucy Esquivel.
Finalmente, lo que las integrantes de la UNES piden es ser tratadas como ciudadanas con derechos.
Para el gobierno solamente somos números de epidemiología, para saber cuánto VIH o ITS tenemos o en el momento de las votaciones, para el resto no existimos. (…) Todo eso queríamos marcarle a Ciudad del Este, que existimos, queríamos decirles que también somos ciudadanas paraguayas. Queremos espacios seguros, protección y seguridad y no que nos coimeen. Que miren las condiciones de trabajo y no miren si tengo VIH o no, porque tenemos el mismo derecho de trabajar y llevar el sustento a nuestras familias.
Lucy Esquivel, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales del Paraguay (UNES)