El trabajo de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Comuna permitió sanear las deudas e identificar un juicio caducado y otros sin sentencia, pero por los cuales la institución llegó a pagar mediante acuerdos políticos firmados durante la administración del clan Zacarías.
La Municipalidad ahora pagará indemnizaciones a una menor cantidad de funcionarios, ya que sólo abonará a aquellos que están contemplados en el expediente denominado “Cristian Vera y otros” que tiene sentencia firme y aquellos que figuran en un acuerdo realizado en su momento, con la interventora Carolina Llanes.
El intendente Miguel Prieto acompañado del presidente de la Junta Municipal, Nery Chávez, la directora de Asesoría Jurídica, Dra. Nidia Silvero y su equipo de abogados, además del director general de la Municipalidad, Econ. Daniel Pereira Mujica, brindaron este jueves una conferencia de prensa en la que informaron los detalles de esta determinación.
El jefe comunal revocó la Resolución Nro. 6840/I.M. firmada el 22 de noviembre de 2018, por la entonces intendenta Sandra McLeod de Zacarías, en la que reincorpora a 357 ex funcionarios, pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Ciudad del Este (SITRAMUCDE), que fueron desvinculados durante la gestión de Eduardo Morales en el año 2000.
“Resolución 6840/2018 incluye a personas que ni siquiera demandaron o promovieron algún juicio, ella (Sandra McLeod) firmó queriendo congraciarse con algunas personas, miembros del sindicato y utilizarlo como escudo en su momento, cosa que no les funcionó”, expresó el intendente.
La revocatoria se ejecuta a través de la Resolución Nro. 4742/2021 I.M., donde en el intendente encomienda pagar solamente a los funcionarios cuyo juicio tiene sentencia firme, además de una depuración de los nombres de aquellas personas cuyos juicios siguen vigentes y excluir del cuadro de nombrados o contratados a todas aquellas personas que carecen de una acción judicial de reincorporación o cuyos juicios hayan caducado.
Ahorro multimillonario
El director general de la Municipalidad de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica, explicó que la institución reconoció la deuda a 23 funcionarios, que habían firmado un acuerdo extra judicial con la interventora Carolina Llanes, por un valor de 3.754 millones de guaraníes. Durante la administración de Miguel Prieto ya se pagó 2.383 millones de guaraníes y queda un saldo de 1.372 millones de guaraníes.
Un total de 357 funcionarios que fueron desvinculados injustificadamente por la Municipalidad en el año 2000 reclamaban un total de Gs. 157.428.000.000 en concepto de indemnizaciones y salarios caídos. Pero luego del análisis de la Dirección de Asesoría Jurídica, se dictaminó que sólo corresponde pagar legalmente Gs. 19.705.000.000.
“Se está ahorrando al municipio y por ende a todos los contribuyentes Gs. 137.723.000.000. Eso representa, haciendo una conversión en dólares con el tipo de cambio de hoy, lo que ellos estaban solicitando 23 millones de dólares. Lo que Asesoría Jurídica, el intendente y la Municipalidad de Ciudad del Este dice, conforme a todos los estudios, lo que se está ahorrando es 20 millones 123 mil dólares aproximadamente”, explicó Pereira Mujica.
Y agregó: “Eso representa aproximadamente todo el presupuesto anual de la Municipalidad en un año, en ingresos genuinos. Eso significa que la Municipalidad tenía que cerrarse y recaudar durante un año para pagar esa deuda que estaba reclamando el sindicato. ¿Qué representa el ahorro? 12 costaneras más, 50 pabellones de contingencia, 400 ambulancias totalmente equipadas con ese dinero”.
Aclaró que los miembros de SITRAMUCDE pueden acercarse a la Asesoría Jurídica para obtener información sobre su situación. Informó que la deuda reconocida está presupuestada para pagar este año, con un plan de pagos de la Dirección Financiera.
La directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, Nidia Silvero de Prieto, informó que la institución pidió intervención en el juicio, ante el juez Mario Aguayo, donde radica el expediente “Cristian Vera y otros”, además de apertura de la cuenta corriente judicial, donde el municipio irá honrando la deuda conforme a la disponibilidad.
Según la directora jurídica, la deuda que ronda los 20 mil millones de guaraníes no debió llegar a tal punto. “Hoy día la ciudadanía tendrá que pagar 20 mil millones de guaraníes, que otra vez se debió al capricho y los manejos dolosos de esta pareja, que durante 18 años ha administrado entre comillas esta ciudad”, afirmó.
SITRAMUCDE califica la acción del intendente como “una puñalada por la espalda”
El presidente de SITRAMUCDE, Rogelio Núñez, presidente del SITRAMUCDE, lamentó la determinación del intendente Miguel Prieto.
“Asesoría Jurídica no quería reconocer el acuerdo que suscribimos con Sandra McLeod. Se llevó a instancias de arbitraje el acuerdo suscrito con la Municipalidad. Estábamos esperando y ahora aparece esto como por debajo de la mesa o como una puñalada por la espalda”, expresó.
Dijo que estaban en una mesa de diálogo y que la finalidad del acuerdo firmado con McLeod fue poner fin de los conflictos judiciales que tiene la Municipalidad con exfuncionarios.
“Con la Resolución 6840 se repone a todos los judicializados. En base a todos los expedientes y resoluciones judiciales. Son 11 expedientes. Todos tienen resoluciones judiciales algunos en proceso de confirmación, algunos firmes y ejecutoriados. La asesoría jurídica interpreta o desconoce el acuerdo y extemporáneamente quiere volver atrás y discutir caso por caso. No se puede siendo que se hizo un paquete con distintos juicios”, expresó.
Y agregó: “Que caduque o el estado procesal de un expediente, no resuelve la situación en cuanto al derecho laboral o lo que corresponde al trabajador. Caduca el expediente pero no se extingue el derecho. El acuerdo es para poner fin a todos esos conflictos judiciales”.
Enfatizó que el derecho laboral es irrenunciable, que la caducidad es del expediente pero que el derecho subsiste. “Es una aberración, una nueva burrada de la Asesoría Jurídica. No entiendo a qué quiere conducir esto Miguel Prieto”, afirmó.
Y reclamó: “Nosotros fuimos los que peleamos, estaba en pañales Miguel Prieto cuando nosotros luchamos contra Zacarías Irún, que nos hizo recorrer todo el país para reivindicar nuestro derecho, lo mínimo que esperábamos era que haga justicia y ahora nos quiere llevar presos a nosotros, después nos dice que es democrático”.