Si existe alguien entendido en la materia y con un testimonio de vida a favor de la justicia de la mano con un trabajo titánico en pos de la reparación de la memoria histórica, ese es el Dr. Rogelio Goiburú, quien actualmente es el director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia.
En una fecha tan especial, pidió que el Estado enseñe el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia en las escuelas y colegios. Señaló que dicho trabajo se creó para estudiar en profundidad, sacar conclusiones y elaborar recomendaciones al Estado para que los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado no vuelvan a ocurrir.
“Comunidades enteras fueron arreadas, encerradas en campos comunales, las mujeres violadas y los hombres torturados y desaparecidos. Ese daño es lo que estamos sufriendo hasta el día de hoy la sociedad paraguaya, el ciudadano, todos estamos sufriendo 35 años de terrorismo de Estado”, afirmó.
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Con relación a las desapariciones forzadas, explicó que “la desaparición fue pensada para eliminar a los opositores políticos en primer lugar, en segundo lugar para inmovilizar a la población, por eso se habla de terrorismo de Estado, porque la sociedad con el miedo que tiene le impide al ciudadano a organizarse, solidarizarse con otras personas, forjar lazos comunitarios y luchar por los derechos”.
Como una herencia pesada de la dictadura, se suma el miedo: El entendido menciona que se tiene solo una parte de las denuncias de personas desaparecidas, debido a que la mayoría de las familias no denunciaron por temor y ya no cree que lo hagan.
“Muchas personas, niñas que fueron violadas por el tirano (Alfredo Stroessner), sus familiares no denunciaron en su momento y tampoco ya van a denunciar. Los pueblos originarios tampoco, sabemos que hay tumbas colectivas con muchos originarios, pero muchos de ellos no tenían cédula y desaparecieron cuando se enfrentaron al régimen y no quisieron entregar sus tierras”, agregó.
Cabe recordar que recientemente el Ministerio de Justicia asignó fondos para la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, luego de más de dos años y de varios reclamos por parte de actores de la sociedad civil. Goiburú especificó que el número de denuncias de personas desaparecidas es de 500, de las cuales 40 fueron ya exhumadas y solo cuatro de ellas identificadas hasta el momento.
“Podríamos hablar de miles si incorporamos a las niñas como resultado de la enfermedad del tirano, que era un pedófilo, y de los pueblos indígenas”, aseveró.
Él mismo sigue dedicando su vida a la búsqueda de su padre y también de las casi 400 personas desaparecidas durante el régimen stronista (1954-1989).
Sobre las Desapariciones Forzadas
Cada 30 de agosto se recuerda el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Este crimen se usa a menudo como estrategia para infundir terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. En su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pero pueden perpetuarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.
Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que:
«se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.»
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