El Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y Malos Tratos presentó su informe de gestión del 2023 en la Universidad Privada del Este, con sede en Presidente Franco. La comisionada, abog. Sonia Von Lepel, compartió hallazgos preocupantes detectados por la institución durante los monitoreos realizados a hogares de niños, ancianos, centros de desintoxicación, hospital psiquiátrico y cárceles.
“A las personas que viven en situación de encierro, el único derecho restricto es la libertad, luego el Estado les debe garantizar todos los demás derechos. Es lo que establece la legislación”, expresó la comisionada del MNP, al inicio de su presentación.
El Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura es una institución del Estado que desde hace 11 años, se dedica a monitorear las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, ya sea por una situación de proceso penal, salud mental, o protección como es el caso de niños, niñas y adolescentes que por orden judicial viven en hogares institucionalizados.
Durante el 2023, comisionados del MNP visitaron 11 hogares de niños a nivel país, dos de ellos en Alto Paraná: el Hogar Revivir y Hogar Santa Helena.
En estos espacios, entre los hallazgos preocupantes se registró poco contacto de estas instituciones con la comunidad, la ausencia de planes individuales integrales y que el Estado tiene un enfoque institucionalizado hacia la niñez y adolescencia en esta situación. “Son tratados como carpetas, no como niños a los que se les debe dar una pronta respuesta”, afirmó Von Lepel.
Con relación a los centros de tratamiento de adicciones, la comisionada informó que una de las cuestiones más preocupantes es que el propio Ministerio de Salud Pública carece de un registro de estas instituciones, por lo cual no existe un control de su funcionamiento por parte del Estado. La mayoría de los centros son privados y algunos cobran hasta 20 millones de guaraníes por la internación y tratamiento.
El MNP también realizó un monitoreo de los centros de reclusión de adolescentes infractores, donde identificaron que se mantiene la cifra de privados de libertad. “La cifra no aumenta, pero tampoco disminuye. Lo que se recomienda es evitar al máximo el contacto con el adolescente con el sistema penitenciario, es nocivo el contacto primario”, expresó la comisionada. Y agregó que actualmente, en Paraguay existes unos 200 adolescentes privados de libertad.
También fueron parte del monitoreo, las residencias educativas popularmente conocidas como “internados”. Lo preocupante de estas instituciones es que desconocen las normas vigentes que regulan su funcionamiento. “Hay que socializar la norma. No sé garantiza infraestructura, hay problemas en la calidad de alimentos y la mayoría son de gestión privada. Reciben apoyo del Estado pero no son esfuerzos articulados. No hay diálogo. No hay garantía de continuidad en el aporte. Los programas no dialogan y hay instituciones que tuvieron que cerrar por falta de diálogo”, comentó la comisionada.
El MNP también registró problemas de rectoría en el funcionamiento de los hogares donde viven personas de la tercera edad.
El trabajo de monitoreo durante el año pasado también contempló la situación de la población migrante en Paraguay. “El abordaje a la población migrante es con una mirada policíaca, no con enfoque de derechos o de protección, como para entender la situación de las personas. Hay superposición en la actuación de las fuerzas militares y policías. No hay claridad en sus funciones”, expresó la comisionada del MNP. Señaló que en los últimos años, la mayoría de inmigrantes son de nacionalidad venezolana y ascienden a más de tres mil personas.
Persiste violación de derechos humanos en el ámbito militar y policial
El MNP también monitorea el ámbito militar desde el 2014. En esta institución, hay una corriente más aperturista y otra conservadora, por lo que en algunos establecimientos pueden monitorear y otros no.
Durante el 2023, visitaron tres lugares del Chaco, donde encontraron jóvenes cumpliendo el servicio militar obligatorio en condiciones muy precarias y sobre todo una mayoría indígena. Muchos del pueblo Nivacle, personas que no podían comunicarse en español o guaraní con los superiores. Se detectaron malas condiciones de infraestructura e insalubridad en los sanitarios.
En cuanto al ámbito policial, en el 2023 el MNP registró aprehensiones indiscriminadas, a más de 200 personas en manifestaciones, a quienes no se les indicaba la causa de su detención. También se registró violencia durante las aprehensiones y hasta una persona falleció (un joven de 23 años) por recibir balines de goma en la cabeza. La Policía Nacional tiene un protocolo para uso de armas persuasivas, que no respeta.
Y en el ámbito penitenciario, sigue la crisis penitenciaria con un hacinamiento extremo por una súper población de personas privadas de libertad. El MNP también contempló un apartado sobre las mujeres en situación de encierro, debido a que aún existen pabellones de mujeres dentro de las cárceles de varones, también la Ley 1340 no es proporcional en la penalización por posesión de estupefacientes.
Entre las principales recomendaciones, el MNP plantea al Estado, contar con una política de reinserción social de personas privadas de libertad. “Actualmente depende de la voluntad de la persona y su capacidad económica. No hay una política escrita”, señaló la comisionada.
