La jueza Cinthia María Garcete rechazó el pedido de permiso presentado por la defensa, para que el senador electo Rafael Esquivel, alias Mbururu, acuda al acto de proclamación previsto por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para este martes. Su abogado, Rodolfo Fariña, había solicitado un permiso especial, hecho que movilizó a las organizaciones sociales que exigieron el rechazo de esta solicitud, argumentando que dicha figura no está contemplada en el Código Procesal Penal.
Más información: Mbururú Senador: Consideran inaceptable la solicitud de un «personaje despreciable»
Además de rechazar la liberación de Mbururu para el acto de proclamación, las organizaciones solicitan al Juzgado que no otorgue ningún permiso ni revise las medidas preventivas de prisión con miras al juramento del senador electo. Así también, solicitaron al Ministerio Público celeridad en la investigación del caso de abuso sexual.
Las notas con estos pedidos fueron presentadas este lunes 29 de mayo en la Fiscalía en Asunción y en el Juzgado Penal de Garantías de Ciudad del Este.
El senador electo está procesado por el presunto abuso sexual a una niña de 12 años, que fue sometida con el consentimiento de su madre, quien también está en prisión por proxenetismo. El Ministerio Público sostuvo que cuentan con todos los elementos para conseguir una condena que puede ir hasta 15 años de cárcel.
En su nota, la Articulación Feminista resalta que “no es un tema menor la causa por la que está siendo investigado el Sr. Rafael Esquivel, el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes es un flagelo que nos cuesta como sociedad generaciones de infancias y adolescencias afectadas en su desarrollo armónico e integral y en algunos casos les cuesta la vida”.
Otra causa pendiente de “Mbururu” es por estupro, porque tenía como pareja a una adolescente de 15 años. También tiene pendiente un caso registrado en el distrito de Itakyry por lesión grave, toma de rehenes, asociación criminal, tentativa de homicidio, coacción sexual y robo agravado en banda. De igual manera, cuenta con una causa por invasión al inmueble ajeno ocurrida en octubre del 2019 en Ciudad del Este.
Con estas acciones, las organizaciones sociales buscan alertar al Estado y la ciudadanía, para evitar la normalización del hecho que personas procesadas por abuso sexual asuman espacios de representación política en nuestro país.
Señalan que el abuso sexual infantil es una grave problemática que debe ser tomada en serio por las autoridades públicas. Según datos del Ministerio Público, el año 2022 cerró con 3804 casos denunciados de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, una estimación de 10 a 13 casos denunciados por día; mientras que, en lo que va del 2023 se han registrado 762 denuncias hasta el mes de marzo.
También te puede interesar: Anuncian marcha con la consigna: “Que los abusadores no lleguen al poder”
