La Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia está a cargo del Dr. Rogelio Goiburú, quien desde el 2004 trabaja en la búsqueda de desaparecidos. Este operativo cuenta con el apoyo de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, Heñói, víctimas y familiares del Caso Caaguazú.
Noelia Cuenca, funcionaria de la Dirección de Memoria y quien coordina este trabajo junto a Rogelio Goiburú, comenta en entrevista con El Urbano, algunos detalles de este operativo histórico y emotivo.
Consultada sobre los fondos para este trabajo, ella comenta que actualmente la Dirección de Memoria Histórica no tiene línea presupuestaria –por fuera del salario de funcionarios- para la búsqueda de desaparecidos y debe solicitar fondos para cada excavación. Cada operativo requiere un equipo multidisplinario, viáticos, movilidad e infraestructura. Trabaja un equipo de unas 20 personas, entre técnicos y antropólogos.
“Rogelio estuvo peleando hace 2 años para conseguir estos recursos. Consiguió que el Congreso otorgue recursos en 2020 para la excavación. Con la orden de que sean destinados a estos trabajos, esos recursos del 2020 fueron desembolsados hace un mes”, informa Cuenca.
El presupuesto logrado para los operativos de búsqueda es de 300 millones de guaraníes. El 50% será destinado al operativo por el Caso Caaguazú y la otra mitad será asignada a una excavación en el departamento Central.
El operativo se realiza con el apoyo de dos geofísicos comisionados de Patropar para este trabajo, acompañamiento de la fiscal general adjunta Patricia Rivalora y de la fiscal de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, Sussy Riquelme. Apoya además el Equipo de Antropología Forense de Argentina, designado por la Comisión de Verdad y Justicia del vecino país.
El operativo contempla cinco excavaciones en terrenos privados en la Compañía San Antonia del Distrito de Juan Manuel Frutos, Departamento de Caaguazú. De acuerdo a la investigación de la Dirección de Memoria Histórica, allí se encuentran fosas clandestinas donde fueron enterrados 10 campesinos.
Noelia Cuenca comenta que actualmente Paraguay no tiene una carrera de antropología forense, por lo cual el proceso de identificación de los restos, se realiza con el apoyo del equipo argentino.
El caso Caaguazú
El 8 de marzo de 1980, un grupo de campesinos de las Ligas Agrarias Cristianas que poblaban la comunidad de Acaraymi, tomó un ómnibus de la empresa Rápido Caaguazú con la intención de llegar a Asunción para protestar por las permanentes agresiones cometidas contra su comunidad por parte del Gral. Leopoldo Ramos Giménez y su esposa Olga, conocida como Ña Muqui, quienes pretendían apoderarse de las tierras públicas que ocupaba dicha comunidad con permiso del IBR y compromiso de titulación.
La Policía y el Ejército, en un desmedido operativo conjunto, con el apoyo de milicianos colorados, capturaron a los campesinos, sitiaron, saquearon y torturaron a la comunidad, y violaron a mujeres y niñas.
Acorde a los registros sobre el caso, Gumersindo Brítez Coronel, Secundino Segovia, Sergio Ruíz Díaz, Feliciano Berdún, César Brítez Coronel, Trinidad Concepción González, Estanislao José Sotelo, Fulgencio Castillo, Federico y Reinaldo Gutiérrez, fueron capturados aquel día, llevados a un rancho de Campo 9, cruelmente torturados, mutilados y desaparecidos dos días después, el 10 de marzo. Aunque existen testimonios de familiares que aseguran que fueron asesinados el 8 de marzo.
Conocido como el “Caso Caaguazú”, este criminal y prolongado episodio de la dictadura stronista resulta emblemático por la concentración y despliegue simultáneo de diversos mecanismos represivos contra toda una comunidad, que derivaron en la ejecución arbitraria y la desaparición forzada de una decena de personas.
“Constituyen crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados y reparados por el Estado paraguayo. Ante esto vemos la necesidad que la ciudadanía y en espacial toda la población Caaguaceña siga avanzando en la construcción de la Memoria Colectiva de los casos de violaciones cometidas en la Dictadura Cívico Militar comandado por el dictador Alfredo Stroessner. Este compromiso, está abierto para todas las personas y organizaciones comprometidas con la Memoria Histórica que deseen aportar en esta construcción colectiva por el Derecho a la Memoria”, señala un texto publicado por la Plataforma Social de Derechos Humanos que acompaña el operativo de búsqueda.
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