En un operativo conjunto entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Ministerio Público, se descubrió y allanó una granja de criptominería ilegal en Hernandarias, Alto Paraná, que operaba con 149 máquinas y un sistema eléctrico clandestino para sustraer energía. Aunque el sistema fue desmantelado, las máquinas no fueron decomisadas, lo que genera preocupaciones sobre la continuación de estas prácticas ilegales. La operación se enmarca en una serie de intervenciones contra la criptominería ilegal que han causado significativas pérdidas económicas a la ANDE.
El procedimiento se originó por una denuncia de la ANDE ante la unidad del fiscal Alcides Giménez, alertando sobre la sustracción de energía.
El equipo del fiscal, acompañado por técnicos de la ANDE, ejecutó la orden de allanamiento, encontrando no solo los procesadores de criptominería sino también dos transformadores, uno de 100 kVA y otro de 630 kVA, que facilitaban la operación ilegal de la granja.
A pesar de desmantelar el sistema eléctrico clandestino y confiscar el mismo, el Juzgado no autorizó el decomiso de las máquinas de criptominería, una decisión que ha generado preocupación dentro de la ANDE.
Nelson Medina, asesor legal de la empresa estatal, expresó su inquietud: “De no incautarse esos procesadores, estos son trasladados a otros sitios y se vuelve a replicar la comisión del hecho punible, que en este caso es la sustracción de energía eléctrica”.
El gerente comercial de la ANDE citó un caso anterior donde equipos de una granja en Itakyry migraron hacia otros puntos del país, como Salto del Guairá y Central, evidenciando una práctica recurrente de reubicación de estas operaciones ilegales tras intervenciones legales.
Este año, la empresa ha llevado a cabo múltiples intervenciones en estas localidades para combatir la misma irregularidad.
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La colaboración entre ANDE, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia se ha intensificado en un esfuerzo por asegurar incautaciones efectivas y la prosecución penal de los responsables.
La denuncia actual abarca cargos de perturbación de servicios públicos, sabotaje y sustracción de energía eléctrica. Aún no se ha identificado al propietario del local.
Este incidente es parte de una serie más amplia de intervenciones contra la criptominería ilegal, que ha ocasionando pérdidas por USD 8,7 millones a la ANDE y duplicando la demanda de energía de ciudades enteras, como Pilar en Ñeembucú.
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