La justicia paraguaya vuelve a mostrar sus fisuras con el sobreseimiento provisional del senador Hernán Rivas, quien enfrenta fuertes sospechas de haber falsificado su título de abogado. El juez de Garantías Miguel Palacios, conocido por sus propias acusaciones de mal desempeño, fue el encargado de conceder este salvavidas jurídico, lo que deja en evidencia los vicios de un sistema judicial profundamente condicionado por intereses políticos.
Rivas, procesado por los delitos de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, se encontraba bajo la lupa desde que se sospechó de la legalidad de su título de abogado.
A pesar de las denuncias y pruebas inconsistentes sobre la autenticidad de su formación académica, el Ministerio Público, encabezado por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, solicitó el sobreseimiento provisional. Las representantes de la Fiscalía alegaron que existían indicios de un “hecho penalmente relevante”, pero que aún debían investigar las circunstancias reales del caso.
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Lo que resulta más alarmante es que, hasta la fecha, la Fiscalía no ha logrado recolectar testimonios cruciales, como el de compañeros de Rivas o el de algún profesor que confirme su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad Sudamericana, supuesta alma máter del legislador.
Aún más desconcertante fue el intento de Rivas de proporcionar una lista de nombres de profesores y compañeros que podrían avalar su historia, sin que estas personas hayan dado la cara hasta el momento.
El juez Miguel Palacios, quien en mayo del 2024 fue acusado por mal desempeño en otro proceso vinculado a la producción de documentos no auténticos, es el mismo que hoy permite que el caso de Rivas quede en el limbo. A pesar de su historial manchado, Palacios admitió el pedido de la Fiscalía, permitiendo que el senador siga libre mientras se investiga el caso con una lentitud sospechosa.
Este desenlace es otro golpe a la confianza en el sistema judicial paraguayo, que parece estar cada vez más sometido a ciertos intereses, el mismo que catapultó a Rivas a su polémico rol a la cabeza del JEM.
El caso de Hernán Rivas ha sido una fuente de vergüenza pública para el Congreso. Su evidente falta de conocimiento sobre cuestiones jurídicas básicas quedó expuesta en varias entrevistas, como la que dio a Radio Monumental, donde no pudo recordar ninguna materia de su carrera ni citar a un solo compañero. Sin embargo, este historial de incompetencia no ha sido suficiente para que su caso avance con la celeridad que merece.
No es sorprendente que el presidente Santiago Peña haya minimizado las dudas en torno a la autenticidad del título de Rivas, defendiendo su posición en el JEM y argumentando que no le “da vergüenza” la situación. Este respaldo político es una señal clara de cómo las conexiones dentro del Partido Colorado parecen ser más importantes que los méritos o la honestidad.
La Universidad Sudamericana, institución donde Rivas supuestamente se formó como abogado, ha sido incapaz de brindar claridad. Tres certificados distintos emitidos en diferentes momentos brindan información contradictoria sobre la carga horaria y los códigos de actas, lo que ha profundizado la incertidumbre en torno a la autenticidad del título del senador. Este caos documental refleja una desprolijidad que la justicia ha decidido ignorar, una vez más.
El sobreseimiento provisional de Hernán Rivas es un reflejo de un sistema que no castiga la corrupción ni la falta de ética, sino que las protege.
