Para empezar, hay que detallar un poco el contexto histórico de lo que ocurría en tiempos del gobierno del general Alfredo Stroessner. Si bien el problema de la repartija de tierras públicas data desde finales de la Guerra de la Triple Alianza, el problema se agravó desvergonzadamente durante la cruenta dictadura militar de mediados del siglo XX.
Aquellos años estuvieron marcados a fuego y sangre por distintos crímenes: Desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegales de la libertad, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, exilio de paraguayas y paraguayos, así como la cuestionable situación de derechos humanos de las niñas y los niños, indígenas, las mujeres, y las tierras rurales mal habidas.
El fundamental trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia
Lo anterior citado fue investigado por una comisión constituida como consecuencia de la voluntad del pueblo paraguayo manifestada con la petición de la sociedad civil al Parlamento Nacional, en particular de las asociaciones de víctimas de la dictadura y los organismos de derechos humanos, agrupados en la Mesa de la Memoria y archivos de la represión.
Se concretó con el acuerdo del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo, que derivó en la sanción de la Ley 2225/03. Esta fue bautizada como Comisión de Verdad y Justicia (CVJ).
Las personas que conformaron esta comisión buscaban establecer en forma oficial la verdad y la justicia histórica sobre los nefastos hechos ocurridos en nuestro país durante la dictadura stronista, entre los años 1954 y 1989. La ley estableció un amplio periodo histórico de estudio y puntualizó hechos graves de violaciones. El trabajo inició en octubre de 2004 y las conclusiones se dieron en agosto del 2008.
Entre todo lo documentado, hoy nos reúne la adjudicación fraudulenta de casi 8 millones de hectáreas desde 1954 hasta 2003, la mayor parte durante la dictadura estronista.
La supuesta reforma agraria
Como explica el trabajo de Earthsight, la dictadura pudo afianzarse por medio de alianzas con élites militares y políticas, principalmente con los miembros del partido político más poderoso de la época: la Asociación Nacional Republicana (el Partido Colorado).
El clientelismo estaba a la orden del día, y como tal, cerca de ocho millones de hectáreas fueron regaladas o vendidas a precios irrisorios a los grandes amigos del poder. Militares, políticos, empresarios…
En teoría, dichas tierras deberían beneficiar a pequeños agricultores dentro del marco de un programa de reforma agraria. La realidad, sin embargo, fue distinta.
Una Reforma Agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado.
Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados, la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías o la especulación con los precios de la tierra que impide su uso productivo.
La Reforma Agraria en Paraguay tiene como sujeto y objetivo central al campesino, con el fin de que este sector logre superar la extrema pobreza e incorporarse al desarrollo económico y social de la nación y vivir con dignidad, como garantía de su libertad.
Es por todo ello que aquellas tierras repartidas son conocidas como “las tierras mal habidas”.
¿Qué son las tierras mal habidas?
Una tierra mal habida es un terreno destinado a la mencionada reforma agraria que fue adjudicada a personas impedidas por la ley para recibirlas.
Esto constituye una infracción de la obligación de realizar el derecho a la alimentación de las familias sin tierra, que hubieran debido ser beneficiarias del programa de reforma agraria.
La CVJ señala que esta adjudicación ilegal, además de ser un fraude, constituye una violación del derecho a alimentarse de las familias sin tierra, pues ellas fueron privadas de los recursos existentes y no fueron beneficiadas.
Paraguay, la tierra de los amigos y la desigualdad
Como indica un informe de la Oxfam sobre los dueños de la tierra en el país realizada a fines del 2016, Paraguay presenta la distribución de la tierra más desigual del mundo. Una pequeña élite con importante participación de propietarios extranjeros, concentra casi toda la superficie agrícola y ganadera, mientras que la inmensa mayoría de familias campesinas e indígenas carecen de tierra suficiente para subsistir.
La Comisión de Verdad y Justicia documentó la adjudicación fraudulenta de casi 8 millones de hectáreas desde 1954 hasta 2003, la mayor parte durante la dictadura de Stroessner.
El robo que registraron equivale a una quinta parte de la superficie del país. Esto es mayor que el tamaño de Panamá.
Las instituciones responsables de la reforma agraria en ese tiempo se dedicaron a regalar tierras a altos miembros del ejército, funcionarios públicos, políticos y grandes empresarios del entorno cercano a la dictadura que recibieron fincas de cientos y hasta miles de hectáreas, muy superiores a los límites establecidos para las familias campesinas.
Los invasores VIP del Alto Paraná
Algunos de los personajes beneficiados con tierras malhabidas en Alto Paraná son:
Alfredo Stroessner Matiauda
Militar y dictador paraguayo entre los años 1954 y 1989. Responsable de crímenes de lesa humanidad contra paraguayas y paraguayos. Presidente honorario del Partido Colorado. Bajo su gobierno, se repartieron 85% de las tierras malhabidas identificadas por la CVJ.
Total de hectáreas adjudicadas: 1305
Número de adjudicaciones ilegales: 2
Ubicación de sus tierras en Alto Paraná: Hernandarias-Félix de Azara (1), Hernandarias-Itaipyte (1)
Andrés Rodríguez Pedotti
Militar y ex presidente del Paraguay. Consuegro del dictador Alfredo Stroessner. Lideró el Golpe de Estado entre el 2 y 3 de febrero de 1989. Involucrado en denuncias por tráfico de drogas.
Total de hectáreas adjudicadas: 12891
Número de adjudicaciones ilegales: 5
Ubicación de sus tierras en Alto Paraná: Ñacunday (1)
Lino César Oviedo Silva
Político y militar. Participó del golpe de Estado en 1989 e intentó otro golpe contra el presidente Juan Carlos Wasmosy en 1996. Fue candidato a la presidencia de la por el partido UNACE durante las elecciones del 2008 y 2013.
Total de hectáreas adjudicadas: 40
Número de adjudicaciones ilegales: 2
Ubicación de sus tierras en Alto Paraná: Domingo Martínez de Irala-Tavapy (2)
Alejandro Fretes Dávalos
Ex Jefe de Estado Mayor de las FF.AA. paraguayas durante la dictadura de Stroessner (1954-1989) y sindicado como uno de los responsables del Plan Cóndor en Paraguay (campaña de represión política y terrorismo de Estado, que implicó la tortura, violación, desaparición o la muerte de entre 60.000 y 80.000 víctimas).
Total de hectáreas adjudicadas: 7321
Número de adjudicaciones ilegales: 7
Ubicación de sus tierras en Alto Paraná: Hernandarias (2), Hernandarias-Itaipyte (2), Hernandarias-Félix de Azara (1)
Humberto Dominguez Dibb
Empresario, yerno de Alfredo Stroessner y hermano de Osvaldo Dominguez Dibb. Ex propietario del diario Hoy y ex presidente del Club Olimpia.
Total de hectáreas adjudicadas: 7990
Número de adjudicaciones ilegales: 4
Ubicación de sus tierras en Alto Paraná: Ñacunday (2)
Las consecuencias en la actualidad
Tras la caída del régimen dictatorial, existía una esperanza generalizada por los cambios venideros. Pero la historia demostró que simplemente fue un cambio administrativo por las mismas personas que rodearon al poder en su momento.
A la fecha no hubo avances en la investigación ni en la recuperación de las tierras malhabidas. Cientos de miles de paraguayos y paraguayas se encuentran privados de lo que era y es su derecho: las tierras que deberían haberse destinado para que pudieran vivir dignamente y producir los alimentos que todos y todas consumimos, tal como disponían los marcos legales vigentes.
Como explica Land Portal, actualmente la producción de alimentos no abastece la demanda, por lo que se importa (tanto de manera legal o ilegal), hasta la cebolla necesaria para la sopa paraguaya. La harina de maíz que se consume proviene actualmente de cultivos que, en muchos casos, son el negocio de los mismos que se apropiaron de una tierra que no les correspondía.
El impacto afecta también al medio ambiente. Las actividades agropecuarias, en particular en la aplicación de agroquímicos y en la permisividad con la masiva deforestación de la región del Chaco (por citar unos ejemplos) tienen mucho que ver en la crisis ambiental que se vive. El modelo de desarrollo que se inició en tiempos del stronismo y que se potenció irónicamente tras su caída lleva gran parte de la responsabilidad.
La CVJ sigue esperando que el Estado promueva las acciones ante la justicia y la reparación de los daños y perjuicios causados.
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