La denuncia refiere que el jefe comunal supuestamente malversó más de G. 7 mil millones, correspondientes a la recaudación de impuestos inmobiliarios, al no respetar las leyes vigentes para la ejecución de estos recursos.
El intendente habría cometido el hecho, durante la ejecución presupuestaria del 2020, violando la Ley 5513/15 del Régimen Tributario y la Ley 3966/10 Orgánica Municipal. Según los denunciantes, no se invirtieron G. 7.448.534.306 recaudados en concepto de impuestos inmobiliarios en gastos de capital como indica la ley.
Estas normas establecen que del importe neto que le corresponda a la Municipalidad, el 60% o más deben ser asignados a gastos de capital y a gastos corrientes hasta el 40%.
El documento presentado a la Fiscalía señala que de los G. 15.246.678.582 que debieron aplicarse a gastos de capital, solo se aplicaron G. 7.798.144.276, que representa un 54,15% y el monto que habría sido asignado a otros gastos suman G. 7.448.534.306, representando el 48,85%.
Los denunciantes afirman que “la inobservancia de lo previsto en el Art. 179 de la Ley 5513/15 constituye malversación de fondos de la Municipalidad y por lo tanto el delito de lesión de confianza, por destinar el dinero que administra a una aplicación distinta a lo establecido en la ley”. En la denuncia, también solicitan que los concejales sean investigados.
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Esta misma denuncia fue presentada oficialmente a través de un informe a la Municipalidad, y miembros de la Contraloría Ciudadana habían solicitado una explicación a la institución, con documentos. De parte de la Comuna esteña no hubo una respuesta por escrito. Hubo una conferencia de prensa, en la que el intendente Miguel Prieto rebatió la denuncia y acusó a los directivos de la Contraloría de actuar motivados por intereses políticos y económicos.
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